Plazo del 12 al 30 de septiembre.

Se desarrollarán entre el 7 de octubre y el 9 de diciembre de 2013.

Se desarrollarán entre el 7 de octubre y el 9 de diciembre de 2013.

Las organizaciones que forman parte de la Plataforma por la Escuela Pública, entre las que se encuentra la Federación de Enseñanza de CCOO, plantan cara al Ministerio frente a los recortes y las contrarreformas educativas.
La comunidad educativa, por segunda vez en lo que va de año, ha decidido reclamar en las calles lo que la mayoría del Gobierno del PP le niega en los despachos: una educación de calidad para todos y todas. Unidos bajo el paraguas de la Plataforma por la Escuela Pública, sindicatos, familias, estudiantes y movimientos de renovación pedagógica, llaman a la huelga general de enseñanza el próximo 24 de octubre.

Las organizaciones que forman parte de la Plataforma por la Escuela Pública, entre las que se encuentra la Federación de Enseñanza de CCOO, plantan cara al Ministerio frente a los recortes y las contrarreformas educativas.

La comunidad educativa, por segunda vez en lo que va de año, ha decidido reclamar en las calles lo que la mayoría del Gobierno del PP le niega en los despachos: una educación de calidad para todos y todas. Unidos bajo el paraguas de la Plataforma por la Escuela Pública, sindicatos, familias, estudiantes y movimientos de renovación pedagógica, llaman a la huelga general de enseñanza el próximo 24 de octubre.

CCOO garantiza la estabilidad en el empleo.

Plazo del 12 al 30 de septiembre.

La Comisión Europea tiene un plazo máximo de 15 días para admitirla a trámite.
La Federación de Enseñanza de CCOO ha tomado la iniciativa jurídica y ha denunciado diversos artículos de la reforma educativa, ahora en trámite parlamentario, ante la Comisión Europea. El sindicato se basa en la vulneración del derecho comunitario que supone parte del articulado de la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la imposibilidad de los ciudadanos de acudir a tribunales ordinarios y recurrir el proyecto de ley una vez haya sido aprobado.
De admitirse, el Gobierno español se vería obligado a parar la tramitación de los artículos denunciados. El plazo que tiene la Comisión para decidir al respecto es de un máximo de 15 días.