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La aprobación de estas enmiendas (además, de otras presentadas por  STES),  implican una censura del Consejo Escolar hacia algunas  de las líneas maestras de la política educativa de la Consejería, al plantear, por ejemplo, que la Comunidad Educativa tenga más peso en el nombramiento de los directores de los Centros, que se vuelva a la gestión pública de los servicios que atienden los programas de conciliación de la vida familiar y laboral, que se llegue a la gratuidad de los libros de texto o, sobre todo, que no se financie centros privados, cuando la demanda pueda ser cubierta por colegios o institutos públicos.