CCOO advierte: “para aplicar recortes en la ULE nos tendrán en frente”

El sindicato denuncia que la ULE aprueba un Plan de Recortes sin que haya sido negociado y sin afrontar la raíz del problema económico.

CCOO pone el foco en la asfixia económica de la Junta de Castilla y León por la infrafinanciación y en la mala gestión de la ULE con los 58 millones de euros de remanente.

El sindicato provincial de CCOO Enseñanza y la Sección de CCOO en la ULE insisten en su rechazo al “Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional” aprobado por el Consejo de Gobierno de la ULE. Una aprobación que, como señalan desde CCOO, “no ha sido unánime y demuestra la oposición existente al propio plan de recortes por una parte importante de la comunidad universitaria”.

Para CCOO, este plan “se ha aprobado con una extrema urgencia para iniciar cuanto antes los recortes”, lo que contrasta con la inexistencia de esa misma urgencia y contundencia a la hora de abordar a la Junta de Castilla y León para que cumpla con la ley en materia de financiación universitaria. Insisten desde el sindicato en que “el Plan reconoce como principal causa del problema económico la asfixia económica por infrafinanciación de la Junta, pero no contempla ninguna hoja de ruta, propuesta ni medida para presionar a la Consejería a cumplir con la ley. Tibieza con la Junta y contundencia con las trabajadoras y trabajadores de la ULE”.

Desde CCOO señalan que la responsabilidad de la situación económica de la Universidad de León recae en dos aspectos fundamentales. Por un lado, como ya se ha señalado, en el incumplimiento de la LOSU por parte de la Junta de Castilla y León, con una infrafinanciación crónica a la universidad pública muy alejada del 1% del PIB que marca la ley. Pero por otro lado también se pone el foco en la gestión que la ULE hizo de los 58 millones de euros de remanente que, lejos de contribuir a aliviar la situación económica, parece haber servido para agravarla. “Afrontar infraestructuras de una magnitud innecesaria e hipotecando financieramente a la ULE, y la poca claridad sobre el destino de parte de esos 58 millones de euros no parecen avalar una gestión económica responsable, pretendiendo que sean ahora los trabajadores quienes asuman también las consecuencias de decisiones que no tomaron”.

Recortes pero también otros bloqueos e incumplimientos

Desde CCOO explican que, de forma reiterada y en distintos foros, han trasladado a la Rectora de la ULE que debe liderar la exigencia y confrontación con la Junta para garantizar la correcta financiación de las universidades públicas de Castilla y León. Le instan así a convocar al Consejo de Universidades de Castilla y León, así como exigir la convocatoria de la Mesa Sectorial de Universidades. Pero también a estudiar e iniciar todas las medidas de presión institucional y jurídica necesarias. “En ese camino, nos van a encontrar a su lado para defender a la Universidad Pública, apoyando todas las medidas necesarias”.

Sin embargo, desde CCOO advierten que “en caso contrario, para aplicar recortes en la Universidad de León, que supongan el empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, y pongan en riesgo la calidad académica y las oportunidades del alumnado, nos van a encontrar en frente con tota la firmeza y contundencia”.

El conflicto sindical con la Universidad de León, además, no se ciñe exclusivamente a los recortes del Plan de Sostenibilidad, sino que tiene otros focos como la anulación del Premio de Jubilación del PTGAS, los incumplimientos en el cobro de la carrera horizontal, las reclamaciones jurídicas sobre otros complementos y condiciones laborales que no se cumplen y, especialmente, por el bloqueo en la negociación de los Convenios Colectivos del PDI Laboral y del PTGAS Laboral. Este último ha conllevado que CCOO interponga una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra las Universidades Públicas de CyL por la vulneración de derechos fundamentales.

Para Víctor Bejega, Secretario General de CCOO Enseñanza, “es un suma y sigue en el deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la ULE, que lleva a reclamaciones jurídicas y sindicales constantes. Un goteo que evidencia la asfixia económica de la Junta y la complicidad desde las propias instituciones universitarias, bajo el contexto de fondo del avance hacia un modelo universitario basado en criterios cada vez más alejados de los puramente académicos y sociales.