El Pleno del Consejo Escolar de Castilla y León, debatió, y aprobó, el día 23 de julio, el Informe sobre la Situación del Sistema Educativo de Castilla y León, curso 2011/2012, que deberá ser publicado próximamente por la Administración regional.
El Informe fue respaldado por unanimidad, una vez incorporadas la mayoría de las numerosísimas enmiendas de los diferentes consejeros. Algunas de dichas enmiendas, presentadas por el sindicato CCOO, suponen un severo varapalo, de dicho Consejo Escolar, a la política educativa de la Junta de Castilla y León que no debe pasar desapercibido.
El Consejo señala por ejemplo que “la principal consecuencia de dicho recorte (presupuestario) es el aumento de la ratio de alumnos por profesor, que afecta especialmente a la atención a la diversidad y a los desdobles de grupos, con el consiguiente empeoramiento generalizado de la calidad de la enseñanza.
Es destacar que la enseñanza pública ha sufrido un recorte mayor que la privada sostenida con fondos públicos”.
El Consejo Escolar plantea, igualmente, que “la zona única, con el argumento de favorecer la libertad de elección de centros, servirá para potenciar, por el contrario, la libertad de los centros para elegir su alumnado, en detrimento siempre de aquellos que presenten mayores dificultades.
En ese sentido, este Consejo Escolar suscribe la resolución del Procurador del Común, en la que insta a la Administración educativa de Castilla y León a que intervenga para conseguir una distribución más equitativa del alumnado de origen inmigrante y socioculturalmente desfavorecido, entre los distintos centros docentes sostenidos con fondos públicos, de forma que se evite la existencia de guetos educativos, restringiendo incluso el derecho a la libre de elección de centro”.
El Consejo escolar considera también, por último, y por sólo citar tres ejemplos, que el cambio en “la estructura del presupuesto que se asigna a colegios e institutos, que ahora incluirá una parte variable, condicionada al cumplimiento de objetivos, como los incluidos en los denominados “contratos-programa”,en línea con lo establecido por la LOMCE. Con dicho cambio se conseguirá, además de reducir gastos, que los centros educativos compitan entre sí por el reparto de unos presupuestos escasos.
Una gestión de los centros públicos con recetas de la empresa privada, que obligue a buscar financiación privada ante la insuficiencia de la pública, combinado con pruebas externas para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados, conseguirá que las escuelas se hagan más selectivas, y rechacen al alumnado que presenta mayores dificultades, para que no empeore su posición en un ranking que puede determinar parte de los ingresos. Todo ello puede favorecer, de paso, la división creciente entre centros de élite y guetos escolares”.
Además el Pleno del Consejo Escolar no corroboró los dictámenes de la Comisión Permanente de dicho Consejo referentes al Decreto por el que se regulan los programas madrugadores y tardes en el cole, al Decreto de admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos, ni tampoco el que hace referencia al procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades del cuerpo de maestros, ni el que regula la implantación y el desarrollo del bachillerato de excelencia.
Todo ello, no sólo supone un durísimo varapalo de la Comunidad Educativa a la política de la Consejería en materia de educación, sino también un varapalo a la autosatisfacción con la que la Junta de CyL presenta la realidad escolar de nuestra Comunidad.
