Desde el Área Pública de CCOO, seguiremos luchando para que desaparezca el empleo precario en este ámbito y se consoliden las plazas de los compañeros y compañeras con muchos años en fraude de ley.
El Área Pública de CCOO exige responsabilidad a las administraciones públicas para poner fin a la temporalidad en el sector público y seguirá trabajando para que desaparezca el empleo precario en este ámbito. Este 7 de octubre se ha convocado una concentración nacional de plataformas de personal interino en Madrid para exigir la fijeza como solución al abuso de la temporalidad en el empleo público.
Por su parte, el 9 de octubre, el Abogado General del TJUE va a hacer públicas sus conclusiones previas a la sentencia, que se espera para la primavera de 2026, que el máximo tribunal de la Unión Europea dictará en respuesta a las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal Supremo en relación con la Sentencia del TJUE de 13 de junio de 2024.
Ante unas conclusiones muy posiblemente demoledoras para España por parte del Abogado General y por la posterior sentencia para 2026, el Gobierno central parece haber entrado en pánico, publicitando –sin ni siquiera convocar a los sindicatos– una reforma del TREBEP que prácticamente culpa al personal interino, en fraude de ley o no, del fracaso de las distintas administraciones públicas (central, autonómica y local) a la hora de reducir las altas tasas de temporalidad en el empleo público.
La impostura del Ministerio competente en materia de Función Pública, al proponer en la Comisión de Coordinación del Empleo Público una reforma del TREBEP para reducir a 2 años el tiempo máximo de permanencia de una persona interina en un puesto de trabajo público, sin que pueda volver a ser contratada en los seis meses posteriores a su cese, supondría, en caso de producirse, un perjuicio irreparable para la persona y para los servicios públicos, por no mencionar el caos y la incapacidad organizativa que ocasionaría en gran parte de las administraciones públicas, significativamente en los servicios autonómicos de sanidad, educación, servicios sociales, justicia o atención al público, por poner algunos ejemplos.
Dudamos que alguna de las comunidades autónomas acepte una reforma como mínimo descabellada, aunque sean precisamente estas CC. AA., junto a una gran mayoría de municipios, las verdaderas responsables de la alta temporalidad en España.
En esta situación, CCOO estará nuevamente en el lado correcto, en el apoyo y la búsqueda de soluciones para las compañeras y compañeros que se encuentran en abuso de temporalidad.
Es la irresponsabilidad del Gobierno central, pero especialmente de comunidades autónomas y de entidades locales, para cumplir y hacer cumplir los acuerdos firmados en 2018 y 2021 por CCOO, entre otros sindicatos, para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la culpable de que sobre España penda la espada afilada de una multa millonaria por parte de la Comisión Europea.
La inexistencia de exigencia de responsabilidades por el incumplimiento de la obligación legal de reducir la temporalidad, tal como establece la Ley 20/2021, junto a la sinrazón de no eliminar las limitaciones de tasa de reposición, es la que ha permitido que en 2025 las tasas de temporalidad no sean muy diferentes a las de 2018, y que España esté abocada al pago de sanciones que se podrían haber evitado solo cumpliendo lo pactado con las organizaciones sindicales.
Y no, los culpables no son las personas interinas en fraude de ley, lo es la dirigencia política de las diversas administraciones públicas.
Desde CCOO, exigimos al Gobierno central que recapacite sobre posibles decisiones irreflexivas que solo pueden provocar mayor conflictividad social, que yerran sobre el sujeto culpable del mantenimiento de las altas tasas de temporalidad en el empleo público y que solo provocarán más empleo precario, de mala calidad, con periodos injustificados de paro e incapacidad para garantizar un proyecto de futuro confiable para las personas afectadas y para la calidad del servicio público.
CCOO apoya la lucha por la estabilidad en el empleo de las personas interinas, aunque considera que las posibles soluciones deben respetar el marco constitucional de acceso al empleo público, entre otras cosas, porque es lo que da seguridad jurídica a la solución de estabilización, como viene marcando la jurisprudencia nacional.
Al mismo tiempo, exige al Gobierno central que deje de plantear medidas a las comunidades autónomas que solo precarizan el empleo y hacen inviable la prestación efectiva de los servicios públicos. Y exige a las administraciones autonómicas y locales que cumplan con la ley para dar estabilidad a las plantillas.
Hay que acabar con las altas tasas de temporalidad, no esconderlas debajo de la alfombra. Tienen que dar soluciones, no empeorar la situación.
Seguiremos luchando para que desaparezca el empleo precario en las administraciones públicas, consolidando las plazas de los compañeros y compañeras con muchos años en fraude de ley. Apoyamos, por tanto, cualquier forma de presión que persiga este objetivo. Remamos en la misma dirección.
