El borrador de Real Decreto sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios suprime la necesidad de tener en cuenta la programación general de la educación superior vinculada a la población escolar y, aunque mantiene la obligatoriedad de impartir un mínimo de ocho títulos, elimina la exigencia de que haya al menos una titulación de ciencias experimentales o estudios técnicos. La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que, en la práctica, esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 32, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
Además, el Ministerio de Educación se desentiende del control, hasta ahora no ejercido, del cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de las universidades.
El borrador mantiene la misma ratio desde 1991 (1/25), desoyendo las recomendaciones que acompañaron la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, que apuntaba la necesidad de reducir la proporción entre profesorado y alumnos para poder prestar a estos últimos una atención más personalizada.
El Ministerio también pierde la oportunidad de establecer, como en el resto del sistema educativo, el tamaño máximo y medio de los grupos de clase (de teoría, prácticas, laboratorio, campo, etc.) y de ampliar las escasas referencias relativas al personal de Administración y Servicios (PAS), que ahora desparecen definitivamente, fijando una ratio mínima por Personal Docente e Investigador (PDI).
Además, se eliminan los mínimos respecto a espacios y se sustituyen por un módulo orientativo totalmente insuficiente. No solo se rebajan los límites en todos los apartados -excepto en lo relativo a los seminarios-, sino que algunos desaparecen. Se suprimen las referencias a las características de las bibliotecas, instalaciones deportivas y servicios comunes, y tan solo se añade una referencia genérica a los equipamientos informáticos al hablar de “un número adecuado de ordenadores para los estudiantes”.
Por otro lado, CCOO denuncia que el borrador de Real Decreto relativo a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales plantea reducir la duración de los grados (3 años en lugar de 4) sin que Educación haya evaluado los que se implantaron en 2007 en el marco del Plan Bolonia. Este cambio iría acompañado de modificaciones en los másteres, que pasarían a ser obligatoriamente de dos años. Si tenemos en cuenta los precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a las becas y ayudas al estudio, estas transformaciones reforzarían el sesgo clasista en el acceso a la educación superior y, a la postre, darían lugar a una reducción significativa del número de estudiantes matriculados en el sistema universitario español.
La Federación de Enseñanza de CCOO defiende que el nuevo debate sobre la duración de los grados y posgrados debe abordarse con tiempo y cautela para evitar tomar decisiones precipitadas que den lugar a situaciones no deseadas.
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