
El crecimiento de los precios tiene un efecto muy desfavorable, ya que reduce la capacidad de competir de los bienes y servicios españoles y, por tanto, en una restricción clara de las posibilidades de crear empleo. Además, perjudica a todas aquellas personas que no tienen ingresos (desempleados) y quienes tienen su renta congelada o la han visto disminuida (pensionistas, empleados públicos y parte de los trabajadores del sector privado).