La Plataforma Regional por la Escuela Pública Laica y Gratuita apoya las manifestaciones del 21J

Comunicado de la Plataforma Regional por la Escuela Pública Laica y Gratuita de CyL.

Las diferentes organizaciones de la Plataforma Regional y las Plataformas Provinciales por la Escuela Pública, hemos compartido análisis y propuestas para plantear desde estas Plataformas respuestas a las necesidades de mejora de los centros educativos de nuestra Comunidad. Así lo hemos venido haciendo en los últimos cursos.

Ante la gravedad de la situación, derivada de la cascada de recortes que a lo largo de este curso escolar se han ido imponiendo por parte de los gobiernos central y autonómico, las plataformas hemos reafirmado el compromiso unitario de los distintos sectores de la comunidad educativa de los centros públicos y de otros colectivos comprometidos en la defensa y mejora de la calidad de la Escuela Pública. Porque estamos convencidos que sólo con este compromiso unitario de padres y madres, alumnado y profesorado y con el apoyo de la ciudadanía podremos intentar poner freno a estas políticas que ponen en graves dificultades el día a día de nuestros centros educativos públicos y el modelo de escuela pública que defendemos. La Pública, que actualmente llega a todos los rincones de nuestra Comunidad, desde los pueblos más alejados hasta los barrios más humildes, es decir, allí donde la falta de rentabilidad hace que la educación no interese a la iniciativa privada. La Pública que garantiza la existencia de la escuela rural y de la escuela integradora, porque es la que garantiza el derecho a la educación a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni de selección previa. En definitiva, la enseñanza pública es la única que garantiza la calidad del sistema, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y social de todos, no de unos pocos.

En apenas medio año e incumpliendo todas sus promesas en tiempo record, desoyendo el clamor social y contribuyendo a la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus dirigentes políticos, los Gobiernos de España y de nuestra Comunidad, están haciendo pagar los costes de la crisis a la educación pública, a la sanidad pública y a los servicios sociales públicos. Una crisis que ni las familias, ni el alumnado ni el profesorado de los centros públicos hemos provocado. Y en vez de considerar el gasto educativo como la mejor inversión para salir de la misma, se le somete a continuados tijeretazos que ponen en peligro los avances conseguidos, no sin esfuerzo, en los últimos 30 años.

Así el gobierno del sr. Mariano Rajoy, ha sacado adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2012, con un recorte del 21,9% en los presupuestos del Ministerio de Educación, más de 600 Millones de euros que se concretan en una reducción de las partidas para becas y en el endurecimiento de los criterios para conseguir y mantener estas ayudas, así como en la eliminación de muchos programas de cooperación entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas (escuelas 0-3 años, programas de refuerzo, nuevas tecnologías, etc.) y en la reducción de préstamos y subvenciones a las Universidades Públicas.

Además, mediante las retrógradas medidas del RDL 14/2012 se impone a las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias, una rebaja en sus presupuestos educativos de unos 3000 millones de euros en 2012, a la espera del recorte que se pretende sumar en los presupuestos 2013.

Como denunciaba recientemente la escritora Soledad Gallego-Díaz “El sistema educativo español está clavado en la tierra mientras se le aproxima el incendio. Ninguna de las medidas anunciadas pretende impedir el abandono escolar prematuro, ni mejorar la formación, sino, simple y directamente, rebajar el coste. No cubrir las bajas de docentes durante las dos primeras semanas, aumentar los alumnos por aula y subir el número de horas de clase que imparten los profesores perjudica la calidad de la enseñanza y solo desde el cinismo se puede decir que es posible llevar adelante un recorte presupuestario de estas proporciones sin acarrear graves consecuencias para todo el sistema.”

En nuestra región, el compromiso de Juan Vicente Herrera en su investidura de blindar los servicios públicos esenciales, entre ellos el educativo, para que no se produjese “ningún paso atrás”, sino avances en la calidad de los mismos, no se ha correspondido con la realidad de los hechos. Los presupuestos de la Consejería de Educación de 2010 y de 2011 para la educación no universitaria se han rebajado en cerca de 190 millones de euros, un 11% menos que en 2009, lo que se ha traducido en recortes salariales y en sustituciones, en fuertes recortes de la oferta de empleo público docente, así como en una reducción drástica de las partidas para la construcción de nuevos centros educativos y para el mantenimiento de los ya existentes.

Estos recortes, como se ha comprobado en estos últimos meses y se nos anuncia, siguen incrementándose notablemente. Los tijeretazos continúan en los  Presupuestos para 2012 y se recrudecerán en los de 2013, por las medidas para la reducción del déficit público en la comunidad aprobadas recientemente por la Junta en el Plan económico-financiero, que contempla la aplicación de una serie de medidas urgentes para la aplicación en nuestra Comunidad de los recortes derivados de la aplicación del decretazo ministerial y otros añadidos. En línea con lo que adelantó el Consejero de Educación en las Cortes de Castilla y León, la Junta pretende publicar de manera inminente una Orden por la que se concretan dichas medidas de recorte en el ámbito de los centros docentes no universitarios de nuestra región, eufemísticamente denominadas medidas de racionalización del gasto público. Esta Orden recoge medidas sobre ratios máximas y mínimas, incremento de la jornada laboral y recortes de las sustituciones del profesorado, cuyo fundamental propósito no es el de mejorar la calidad ni atender a los retos de la educación en tiempos de crisis, sino simplemente recortar el gasto público educativo y, en especial, el destinado a los centros educativos públicos de nuestra comunidad autónoma, reduciendo el número de unidades escolares y las plantillas docentes en colegios e institutos. Además se han congelado las pposiciones, las inversiones caen a niveles de hace 12 años y se está produciendo ya una importante mengua de las partidas de gastos corrientes para el funcionamiento de colegios e institutos y también para las actividades extraescolares y deportivas y las becas para libros de texto; las becas para estudios universitarios y para estudios artísticos superiores se reducen a la vez que se encarecen notablemente las matrículas; también se reducen las transferencias a entidades locales y se anuncian recortes en programas como el de aulas activas. En la Educación Universitaria se reducirá la aportación de la Junta para gastos de personal en más de 20 millones de euros en estos dos próximos cursos, se incrementará el horario docente y se despedirá a centenares de asociados.

Además se ha estado produciendo un trato preferencial hacia la escuela privada, concertada y confesional, ya que mientras la red pública carga con el peso fundamental de estos recortes y asume la escolarización de todos los sectores sociales, la política de apoyo a los centros privados continúa mediante la generalización de conciertos en Infantil, Primaria, ESO y Formación Profesional con estos centros privados, a los que se les está permitiendo, con el apoyo de la Administración y con la coartada de una mal entendida libertad de elección de centro, que seleccionen al alumnado.

La comunidad educativa de los centros públicos reclama un cambio de rumbo. Porque entendemos que hay que financiar adecuadamente la enseñanza pública en nuestra comunidad y que hay que protegerla de los recortes presupuestarios y de las consecuencias de la mala gestión económica, rechazamos las medidas que se pretenden imponer. Por eso estamos movilizándonos en los centros y en la calle. Para denunciar esta situación y para exigir a nuestros gobiernos y en especial al Gobierno de nuestra comunidad autónoma que mantenga la inversión en la Enseñanza Pública, respetando las condiciones de trabajo de los docentes, manteniendo las plantillas de los centros y aplicando siempre las ratios más adecuadas para dar una respuesta correcta a las necesidades educativas de los alumnos y manteniendo los servios complementarios y de conciliación.

Por todo ello la Plataforma por la Escuela Pública Laica y Gratuita de Castilla y León llama al conjunto de la comunidad educativa (alumnado, familias y profesorado) y al conjunto de la sociedad a seguir respondiendo con contundencia, en colegios, institutos y universidades, y también en la calle, a estos presupuestos antisociales y seguir trabajando juntos en defensa de una Educación Pública para todos y todas: de calidad, laica, gratuita, democrática, igualitaria, integradora y participativa.

Porque hay alternativas a la dictadura de los mercados, como, por ejemplo, una presión fiscal potente y progresiva que, además, combata el fraude y, también, políticas de estímulo para fomentar el empleo e impulsar una economía más social y productiva. Porque la ciudadanía se opone a los rescates multimillonarios para salvar a la banca a al vez que se condena a la Educación y a los servicios públicos esenciales a unos recortes presupuestarios.

Esta plataforma está formada por las organizaciones regionales siguientes: Federación de Enseñanza de CCOO, CGT-Enseñanza, FETE-UGT CyL, Federación STECyL-i, Confederación de AMPAs de CyL (CONFAPACAL), Confederación de Asociaciones de vecinos de CyL(CAVECAL), ACEL (Escuela Laica) e Izquierda Unida CyL.