Las organizaciones que forman parte de la Plataforma Social para la defensa del Estado de Bienestar Social y los Servicios Públicos han acordado en su reunión celebrada ayer, 26 de marzo, sumarse a la convocatoria de Huelga General del 29 de marzo. Las organizaciones que forman parte de la Plataforma Social para la defensa del Estado de Bienestar Social y los Servicios Públicos, que suscribieron en su día un Manifiesto en el que se resaltaba el rechazo a la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno, por facilitar y abaratar el despido, reforzar el poder de las empresas en las relaciones laborales, debilitar la negociación colectiva, privatizar la gestión del desempleo y porque, en definitiva, no iba a crear empleo, sino todo lo contrario, indicando, además, que al facilitar el despido en el sector público, ponía en riesgo la calidad, la suficiencia y la continuidad de los servicios públicos, han acordado en su reunión celebrada hoy, 26 de marzo, sumarse a la convocatoria de Huelga General del 29 de marzo.
"Demolición" y "desmantelamiento" de los servicios públicos son algunas de las expresiones empleadas por los portavoces de la Plataforma Social que agrupa a numerosas asociaciones y organizaciones sociales en la tarde de ayer para referirse a los efectos que la reforma laboral va a tener en los Servicios Públicos, así como la propia política de recortes. Consecuencias que "hacen imprescindible la huelga general", afirmaron.
La crisis, coincidieron todos, está siendo utilizada como excusa para "dinamitar" lo conseguido durante décadas en un empeño en el que, explicó Toxo, se está utilizando como rehenes a 5,3 millones de personas en paro para someter a un chantaje al resto de la sociedad. Estas políticas, dijo Toxo, no solo amenazan con el desmantelamiento de nuestro entramado de relaciones laborales con el derecho del trabajo como elemento central, sino que afectan gravemente a los "colchones de seguridad" que han permitido mantener pensiones, dependencia sanidad y enseñanza pública.
Y es que, como afirmó Toxo, "no hay economía, no hay sociedad, no hay modelo social ni servicios ni empleo que resistan un ajuste de la intensidad que pretende imponer el Gobierno, que cifró en unos 60.000 millones de euros".
Para el secretario general de CCOO, las reformas que necesita España son la fiscal y la financiera para un reparto equitativo del coste de la crisis y de la riqueza."La crisis no se puede resolver con un reparto más injusto de la riqueza", señaló, al contrario, a su juicio, "deberíamos salir con un reforzamiento del modelo social".
Este es el manifiesto acordado por todas las organizaciones que integran la plataforma:
a) El rechazo de la reforma de la legislación laboral y demás medidas impuestas por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, convalidado el pasado día 8 de Marzo en el Congreso de los Diputados y que será tramitado como proyecto de ley. Este Real Decreto-Ley ha venido a socavar los cimientos del ordenamiento laboral hasta hacerlo irreconocible, contribuirá a la destrucción de más empleo en nuestro país y tiene consecuencias extraordinariamente negativas sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sobre las instituciones colectivas del trabajo.
b) El rechazo de las políticas presupuestarias restrictivas, que están llevando de manera progresiva al desmantelamiento de los sistemas de protección y cohesión social. El control del déficit público a toda costa, sean cuales sean las consecuencias negativas que estas políticas restrictivas pudieran generar en la actividad económica y en las instituciones del Estado de Bienestar, se observa en las medidas que fueron incorporadas al Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público: incrementos mínimos de las pensiones que se anulan con la subida de impuestos; congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); aplicación de una tasa cero de reposición de efectivos en la mayoría de ámbitos de la función pública; congelación de las retribuciones de los empleados públicos e incremento de la jornada de trabajo; no renovación de la renta de emancipación para jóvenes; aplazamiento a 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios; aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas; aprobación de un acuerdo de no disponibilidad de gasto durante el primer trimestre de 2012 y medidas fiscales de subida de impuestos, de manera deslavazada y sin coherencia alguna, y sin tener en cuenta la capacidad fiscal de las mayores fortunas del país.
Estas medidas, además de repercutir negativamente en la actividad económica y en el empleo, ponen en riesgo los servicios públicos de calidad, que amortiguan unas desigualdades sociales cada vez más profundas, y destruyen empleo público al tiempo que deterioran las condiciones de trabajo del existente.
En contra de este diseño, lo que requiere la situación socioeconómica actual son medidas que promuevan una salida más justa de la crisis, tanto desde la perspectiva económica, como social y medioambiental; que impulsen el dinamismo de la actividad empresarial y que implanten una política fiscal que refuerce la estructura de ingresos del Estado y que planifique el cumplimiento de los objetivos de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea en plazos compatibles con la reactivación económica y la creación de empleo.
El mantenimiento y mejora de los servicios públicos en general y de los sistemas de bienestar en particular son piezas esenciales para la superación de esta crisis por dos razones: por su propia función social, siendo factor de cohesión social, económica y territorial; y por el papel estratégico que estos servicios públicos están llamados a desarrollar para contribuir a la dinamización de la economía real y a la creación de empleo.
Por todo ello, consideramos que existen razones suficientes para sumarnos a la convocatoria de Huelga General para día 29 de marzo y llamamos a la ciudadanía a participar en la misma, para exigir al Gobierno que abra de manera inmediata una negociación con sindicatos y empresarios en torno a las condiciones del mercado de trabajo. Igualmente entendemos que los Presupuestos Generales del Estado y los de las Comunidades Autónomas deben abordar la necesaria reducción del déficit en base a la adopción de medidas de lucha contra el fraude, mediante una reforma fiscal integral, progresiva, suficiente y equitativa y con una racionalización y contención del gasto que respete y mantenga los derechos sociales y la calidad de los servicios públicos.
Manifiesto y organizaciones firmantes
