El próximo 14 de noviembre también en la enseñanza nos sumaremos a la huelga general convocada por la Cumbre Social, de la que forma parte CCOO. A los trabajadores de la educación nos sobran motivos para participar en esta protesta contra la política económica, social y educativa de un Gobierno que no sabe hacer otra cosa más que recortar y recortar, sin miramiento alguno, en los servios públicos esenciales y en las prestaciones sociales.
Esta huelga es una continuación de la que convocamos con éxito el pasado 22 de mayo en el sector de la enseñanza y que recibió el respaldo unánime de toda la comunidad educativa. A fecha de hoy los motivos que entonces nos obligaron a convocarla no sólo persisten sino que en los seis meses transcurridos desde entonces han aumentado considerablemente.
Estas son catorce, entre otras razones que nos obligan a convocar la huelga general en educación:
1.- El panorama derivado de los recortes en educación aplicados por el Gobierno del PP desde el inicio de su gestión es sencillamente desolador. La previsión es que España retroceda al 3,9% del PIB en educación en 2015, la misma situación de hace 25 años.
2.- El presupuesto del Ministerio de Educación pasó de representar casi el 6% de la inversión educativa total en 2009, a un 4,5% en 2012, que se reducirá aún más con las previsiones de los injustos y regresivos Presupuestos de 2013. Todo ello se traducirá en un descenso relativo de más de un tercio.
3.- Se ha reducido la calidad incrementando la jornada docente del profesorado en el aula, lo que supone una menor dedicación a actividades tales como la tutoría individualizada, la atención a los padres y madres, la atención a la biblioteca escolar o las actividades extraescolares.
4.- Se ha disparado el número de estudiantes por aula. Además, el profesorado de apoyo se dedica a sustituir las bajas, con lo que no puede haber refuerzos pedagógicos.
5.- Se han reducido drásticamente las becas y ayudas al estudio tanto en su cuantía como en su número, mientras las tasas universitarias sufren un incremento desmesurado y disminuyen los programas de I+D+i y de los contratos de ciencia.
6.- En cuanto al profesorado, miles de interinos no han sido contratados este curso y otros miles serán desplazados o suprimidos. Se ha recortado por dos veces su salario, además de suprimir una de las catorce pagas anuales que recibían los empleados públicos. Sin embargo, se han alargado la jornada laboral y la edad de jubilación.
7.- Se han privatizado numerosos servicios educativos y aumentan los despidos en el personal que trabaja en los servicios complementarios de los centros, provocados por la reforma laboral y ahora por el reciente reglamento que facilita el despido masivo de empleados públicos en las administraciones públicas, sobre todo en las universidades. El sector corre un grave riesgo de privatización y externalización.
8.- En la enseñanza concertada, además de las consecuencias de las medidas restrictivas establecidas para todo el sistema educativo, los trabajadores y trabajadoras sufren efectos negativos de la reforma laboral: facilidades de despido, modificación unilateral de condiciones laborales, desregulación parcial de la jornada y, sobre todo, la limitación a un año de la ultraactividad de los convenios colectivos.
9.- En la universidad se están sufriendo los efectos colaterales del aumento desmesurado de los precios públicos en algunas comunidades autónomas y el endurecimiento de las condiciones para obtener una beca, junto con las posibilidades de oferta de créditos a las familias. Con estas condiciones se excluye a una parte de la población del acceso a la universidad.
10.- Los efectos de la reforma laboral están resultando desastrosos en general y también, cómo no, en el sector educativo. En los últimos meses ha aumentado la ola de despidos. Lo único que se ha conseguido es más paro y se ha abandonado a nuestros jóvenes a su suerte sin que haya ninguna perspectiva de remontar la situación económica. 11.- El anteproyecto de la LOMCE aprobado por el Gobierno sin debate democrático, además de no contemplar memoria económica alguna, promueve la segregación del alumnado y devalúa la actual FP ya que crea una Formación Profesional básica que no conduce a titulación alguna. Además es una Ley que atenta contra la igualdad de oportunidades y contra la cohesión social. En realidad no es más que una reforma ideológica de la enseñanza pero disfrazada de reforma necesaria.
12.- El borrador de la ley deja entrever un evidente desprecio hacia la labor docente, a su objetividad y al trabajo de la evaluación continua, al ordenar que sean agentes externos los que evalúen al alumnado en los momentos clave que van a decidir su progresión educativa. No sólo no contempla ninguna mejora laboral o profesional, sino que algunas de las medidas relacionadas con el profesorado dañan gravemente la calidad de nuestra educación.
13.- Esta reforma elude cualquier posibilidad de recuperar un sistema de jubilaciones específico de los docentes, análogo al que se contemplaba en la LOGSE y en la LOE. Se trata de una cuestión especialmente sensible para el profesorado desde que CCOO firmó el primer acuerdo hace casi 25 años. Tampoco se plantea que el personal docente integrado en el Régimen General de la Seguridad Social pueda acogerse a la jubilación voluntaria.
14.- En definitiva, desde CCOO exigimos un cambio radical en la orientación de las políticas que se están aplicando para enfrentar la crisis, reivindicar otra política que otorgue prioridad a la reactivación económica y a la creación de empleo, dedicando especial atención a los jóvenes a los que se está condenando a la emigración o a la exclusión social y, en consecuencia, el restablecimiento de las políticas sociales y del Estado del Bienestar.
