La educación necesita un impulso para mejorar la calidad de la enseñanza pública que no puede competir con la privada solo con declaraciones, sino con más y mejores recursos económicos.
CCOO cree que los PGE 2007 son insuficientes Sobra complacencia y falta una reflexión seria donde participen el conjunto de las fuerzas políticas y los agentes sociales y económicos. Para CC.OO. el proyecto de PGE para 2007 presentado por el Ministro Solbes construido a partir de la premisa de alcanzar un superávit de siete décimas del PIB, es continuista con el de los dos años anteriores y elude los problemas de los cimientos de la economía española. Sobra complacencia y falta una reflexión seria donde participen el conjunto de las fuerzas políticas y los agentes sociales y económicos.InflaciónLainflación de los últimos siete años, muy superior a la media de la Unión Europea (once puntos en los última década) tiene efectos en múltiples aspectos de la economía y la calidad de vida de los ciudadanos porque a) Resta competitividad a los bienes y servicios españoles como refleja el déficit con el exterior, el mayor de los países desarrollados, que en 2006 alcanzará cotas totalmente insostenibles a medio plazo: alrededor del 10% del PIB (el de Estados Unidos fue del 6,4% en 2005), y b) Disminuye el poder de compra, en especial de las personas con rentas más bajas, al haber sido los productos de primera necesidad protagonistas de subidas en sus precios superiores a la media. Como ejemplo, la mitad de la subida de las pensiones mínimas ha sido absorbida por la inflación, de manera que ha incorporado un coste al sistema público sin repercusión favorable para los beneficiarios. La carga adicional generada por la inflación es extensiva para el conjunto de las prestaciones contributivas del sistema, que en este ejercicio debe asumir una desviación cercana a dos puntos sobre la subida inicial.La mala evolución de los precios está acompañada de un excesivo endeudamiento de las familias, cuya deuda crece a un ritmo difícilmente soportable (135% de su renta disponible anual), como consecuencia del disparatado crecimiento en el precio de la vivienda, e incluso la tasa de ahorro familiar presenta un descenso en los últimos años. El consumo y la obligada inversión en vivienda (los prestamos hipotecarios equivalen al 90,7% del PIB anual), determinan un panorama donde los españoles viven por encima de sus posibilidades agotando los márgenes futuros en la capacidad de crecimiento económico.La muy laxa política monetaria mantenida por el Banco Central Europeo en los últimos cuatro años ha comenzado a endurecerse, y la subida de tipos de interés (del 2% al 3%) continuará su evolución al alza en los próximos meses, con las consiguientes repercusiones en los préstamos en vigor, en especial sobre los hipotecarios (cada punto encarece la cuota alrededor del 11% ). La negativa evolución en las variables mencionadas, desafortunadamente, está acompañada de un elevado precio de la energía que no va ceder en el medio plazo. El modelo de crecimiento español apoyado excesivamente en la construcción tiene límites, y es imprescindible virar hacia otro modelo más diversificado, para el que no se están estableciendo los cimientos necesarios. El excesivo uso de los contratos temporales con bajos salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, que ha acompañado la contratación de trabajadores inmigrantes, profundiza en un modelo productivo de poco futuro. De no cambiar la situación, la deseada desaceleración controlada del crecimiento económico puede terminar en derrumbe: con graves consecuencias para los ciudadanos españoles.El gasto público en España rondará el 40% en 2006, sin embargo, la capacidad de incidencia del Presupuesto del Estado está bastante limitada: apenas llega al 6% del PIB, descontadas las transferencias a las Administraciones Territoriales y sin tener en cuenta la Seguridad Social , una dimensión reducida que le impide ser una herramienta suficiente para abordar un reto tan grande como el que se enfrenta la economía española. Para CC.OO. la relación de problemas y su gravedad hace muy necesario abordar un salto cualitativo en las tareas de gobierno, que el Ejecutivo de la Nación debe liderar con nuevos comportamientos para coordinar y encauzar las políticas del conjunto de las Administraciones Públicas. El esfuerzo conjunto respetando las competencias de cada nivel de gobierno, es más necesario que nunca, lejos de la parcelación de funciones: sumar para ser más fuertes necesita de criterios comunes.Que es lo que propone CC.OOAjuicio de CC.OO., el ejercicio de liderazgo y coordinación del Gobierno Central, se debería extender a :La política de inmigración debe contar con una estrategia común en todo el territorio del estado, que trate los flujos de entrada y su asentamiento en el mercado de trabajo, pero también las políticas de integración de los inmigrantes (vivienda, enseñanza, servicios sociales, etc ...). La responsabilidad en este tema, central para la convivencia en España, es tarea de todos y difícilmente se puede encauzar con medidas deslavazadas e inconexas.La educación necesita un impulso para mejorar la calidad de la enseñanza pública que no puede competir con la privada solo con declaraciones, sino con más y mejores recursos económicos. La dotación del Estado es muy reducida (1.888,15 sobre más de 40.000 millones de euros), de manera que el esfuerzo de incrementar su gasto (25% adicional en 2007) queda muy diluido. La integración de la población emigrante se debe realizar sin menoscabo de la enseñanza recibida por los niños españoles, y sin olvidar el elevado nivel de fracaso escolar ya acumulado. La necesidad de coordinación es extensiva a la educación universitaria donde los resultados obtenidos difícilmente se mejorarán con políticas de mayor parcelación territorial, sin disponer de directrices más elaboradas. La asistencia sanitaria debe garantizar un funcionamiento como Servicio Nacional de Salud, para evitar la aparición de conceptos no justificados: como el déficit sanitario, o situaciones indeseadas como la selección adversa de pacientes por lugar de residencia.La política sectorial (industrial) debe estar diseñada para generar sinergias en todos los territorios, sin renunciar a las ventajas que le concede la dimensión del Estado. El mayor esfuerzo en gasto en I+D+i necesita una relación directa con los proyectos industriales a realizar en los territorios; de otra manera, será imposible ejecutarse, o su grado de eficiencia disminuirá sensiblemente..Los servicios sociales, todavía con un grado de desarrollo bastante reducido en España, deben contar con una dirección y coordinación que garanticen los niveles estándar de prestación en todos los lugares de España. La Ley de Dependencia necesita de coordinación y recursos financieros estables para poder cumplir con sus ambiciosos objetivos.La política de vivienda debe tener como objetivo la disminución del precio pagado por los españoles para acceder a su residencia habitual. Este objetivo solo se puede conseguir con una política articulada de todos los niveles de gobierno donde tenga mucho más protagonismo el alquiler, hasta el punto de hacerlo atractivo a los ciudadanos. Una política activa hasta la fecha no asumida por ninguna administración.Una política de estas características necesita de ideas y de voluntad de gobierno, pero también necesita recursos financieros. La reforma fiscal en tramitación es innecesaria, inoportuna en el tiempo, e injusta en la distribución de beneficios, con unas decisiones que profundiza el modelo tributario aplicado por el Partido Popular desde 1996, tan criticado por el actual partido en el Gobierno. La pérdida de recaudación supera los 6.000 euros anuales (0,7% del PIB anual) y las rebajas adjudicadas a las personas con mayores rentas son excesivas (una tercera parte del coste en el IRPF).Por todo ello CC. OO. exige la inclusión de las partidas necesarias para cumplir con los acuerdos suscritos en el ámbito del mercado de trabajo (aumento en el número de inspectores y subinspectores de trabajo; modernización de los Servicios Públicos de Empleo para personalizar la atención a los desempleados, incremento salarial de los empleados públicos, y añadir fondos a las cuotas sociales para aumentar la formación), y la Seguridad Social; al igual que la revisión del IPREM comprometida hace dos años.
