El sindicato provincial denuncia que hay una brecha del 16,22% entre las necesidades educativas identificadas y la inversión real.
Denuncian la saturación del profesorado, la falta de atención a las necesidades reconocidas y la infradetección de necesidades.
Cifran en 105 millones de euros la inversión necesaria para cubrir las necesidades, que son asumidas mayoritariamente por la educación pública.
El sindicato provincial de Enseñanza de CCOO León ha presentado un informe del período 2017-2024 que cuantifica las necesidades reales del sistema educativo y que constata que la educación inclusiva está en peligro.
Según los datos del informe, el alumnado de Enseñanzas de Régimen General disminuye en la provincia de León un 1,74%, recayendo la disminución en los centros públicos en contraste con un incremento del alumnado los centros concertados. Por el contrario, hay un notable incremento del alumnado extranjero en un 31,23% que recae, fundamentalmente, en la enseñanza pública. Los centros públicos de León asumen el 67,7% del alumnado total de la provincia y el 84% del alumnado extranjero, un porcentaje que aumenta al 96,4% y al 98,3% respectivamente si se incluyen los centros concertados sostenidos con fondos públicos.
Respecto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de compensación por desventaja social, las cifras en Castilla y León están muy por debajo de la media estatal. Se detecta un incremento del 38,5% en alumnado ACNEAE, del 46,3% en alumnado DEA, del 84,5% del alumnado en Vulnerabilidad Social y del 141% en alumnado de altas capacidades. Por el contrario, el alumnado ACNEE disminuye en Castilla y León mientras aumenta en España.
Víctor Bejega, Secretario General de CCOO Enseñanza León, “alrededor del 80% del alumnado con necesidades de apoyo educativo está matriculado en centros públicos, que representan el 66% del total de centros educativos de Castilla y León. Únicamente el alumnado de altas capacidades tiene una matriculación equilibrada entre centros públicos y privados”.
Sin embargo, CCOO denuncia que en Castilla y León existe un grave problema de infradetección de este tipo de alumnado, en concreto se estima que el porcentaje no identificado, reconocido o cuantificado sería del 64,4% en alumnado con necesidades de apoyo educativo y del 60% en alumnos con desventaja socioeducativa y situación de vulnerabilidad.
Aurelio Iglesias, Secretario provincial de Pública no Universitaria, señala que “la inversión de la Junta en Enseñanza ha ido descendiendo en los últimos años, con valores por debajo del 3% del PIB autonómico y muy lejos de la inversión estatal. Es la 4º comunidad autónoma por la cola en incremento de inversión en educación, con recortes específicos en Educación Especial y Compensatoria”.
Por ello, desde el sindicato fijan en 105 millones de euros el incremento de inversión anual necesaria en Castilla y León para cubrir las necesidades detectadas. Una inversión que, entre otras cosas, supone aumentar sustancialmente el profesorado especialista en Educación Especial, reducir las ratios, incrementar el personal de apoyo y de orientación. Desde el sindicato también exigen medidas como garantizar los comedores escolares universales y gratuitas, incremento de becas y ayudas de estudio, las plazas públicas de primer ciclo de educación infantil, FP y educación para adultos.
Para Victor Bejega, “el sistema educativo se está sosteniendo gracias a la vocación, esfuerzo y profesionalidad del personal educativo, que sufre una grave sobrecarga. Es una situación insostenible, que degrada las condiciones de trabajo, afecta a la salud laboral y a la calidad de la enseñanza. Es fundamental que se reconozcan todas las necesidades educativas y terminar con la infradetección, aprovechando la negociación de la revisión de la ATDI”.
Finalmente, insisten en que seguirán denunciando las graves carencias de inversión en la Educación Pública, con trasvase de recursos públicos a la enseñanza concertada y con déficit creciente en la atención de las necesidades de apoyo educativo de todo tipo. Unas prácticas que reproducen el modelo sanitario de precarización, saturación del sistema y graves déficits que justifiquen y amparen un proceso de privatización del servicio público, así como la creación de guetos y la diferenciación social contraria a los valores inclusivos obligados de la Educación Pública.
