El Presidente Herrera se alinea con el sector más duro del PP para liquidar las conquistas sociales conseguidas en los servicios públicos de Castilla y León. El pasado jueves, 29 de diciembre, el Consejo de Gobierno de Castilla y León decidió aplicar a los servicios públicos una vuelta de tuerca cuyas consecuencias se harán notar de inmediato en la ciudadanía castellana y leonesa. Las Mesas negociadoras fueron convocadas por imperativo legal, pero faltando a los principios que deben presidir cualquier negociación, pues las decisiones estaban ya tomadas. En el caso de la reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada el mismo día 30 de diciembre, la Consejería se limitó a comunicar a la representación sindical del sector educativo el Acuerdo de Gobierno.
La repercusión que las medidas unilaterales tendrán en la educación pública de Castilla y León, atentan directamente contra el empleo ya que se pasa de una jornada laboral de 35 horas semanales a la jornada que ya existía en el año 2002 a 37,5 horas. La Consejería de Educación ha fijado el mes de Septiembre como fecha de entrada en vigor de la jornada de 37,5 horas. Esto supondrá unas 28.000 horas lectivas menos para el profesorado interino (aproximadamente 1300 profesores interinos menos) además de la merma de las condiciones de trabajo de los funcionarios, que habrán de trabajar más y cobrar menos.
Atentan además contra quienes tienen puestos de empleo más precarios. Así, el profesorado interino (los que no tengan contrato por todo el curso), que hubiera trabajado cinco meses y medio, dejará de cobrar la parte correspondiente a julio y agosto.
Por otra parte, también han metido la tijera a quienes tengan baja por enfermedad y estén en el Régimen General de la SS, ya que recortarán los salarios al 75% a quienes permanezcan más de tres meses en situación de baja laboral (esta medida se aplicará a los trabajadores y trabajadoras que no se encuentren en MUFACE).
Otro sector que se verá muy afectado por estas medidas, es el colectivo docente que ponen su vehículo a disposición de la Administración para itinerar en el desempeño de su trabajo, ya que la nueva tasa mal llamada céntimo sanitario –son 4,8 céntimos por litro- supondrá un incremento en el precio del carburante que les perjudica muy seriamente.
De este modo, se aplica de nuevo la parte más estrecha del embudo al profesorado, al que ni siquiera se le dará la opción de flexibilizar la aplicación de la ampliación de jornada en horarios de entrada y salida, cosa que si podrán hacer otros empleados públicos.
Este despropósito del Gobierno Herrera viene a profundizar en el recorte de los salarios en 2010 que ha producido ya pérdidas superiores al 12% en su poder adquisitivo.
En estas condiciones, es un insulto injustificable que el Presidente Herrera hable del blindaje de los servicios públicos, cuando lo que realmente está haciendo es liquidar las conquistas sociales conseguidas en los últimos diez años.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León ha manifestado su más profundo rechazo a estas medidas impuestas y en las próximas semanas se abrirá el proceso de consulta para dar respuesta a semejante agresión.
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