Desacuerdo unánime de todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Función Pública. El gobierno de Herrera liquida las conquistas sociales conseguidas en los últimos diez años por los empleados y empleadas de la JCyL. El Área Pública de CCOO de CyL denuncia la burla que supone para los trabajadores/as la convocatoria de hoy de la Mesa General de la Función Pública, cuando ya ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de CyL aprobó las normas que deberían negociarse hoy aquí.
Aunque la Administración ha dicho en la Mesa que las medidas no se aplicarán hasta aprobar la ley y que se abre ahora el proceso de negociación, éste comienza mal y con el desacuerdo total de todas las organizaciones sindicales. Desde CCOO exigimos una negociación real en tiempo y forma de los temas que afectan a la función pública.
Las medidas aprobadas ayer por la JCyL no van a solucionar los problemas de esta comunidad, antes al contrario: la rebaja de los contratos de seguridad y limpieza reducirán los costes, pero también los servicios; la reducción de liberados sindicales y, sobretodo, la ampliación de la jornada laboral en 2.5 horas semanales destruirán casi 6500 empleos en el sector público, la anunciada congelación de la Oferta de Empleo Público generará más desempleo o empleo precario. CCOO siempre ha apostado por la defensa del empleo y estas medidas “de ahorro” provocarán un inaceptable incremento del número de personas sin trabajo.
Los empleados públicos manifestaron su indudable voluntad solidaria para salir de la crisis con el Acuerdo de 29 de Septiembre de 2009, reiteradamente incumplido por las Administraciones, incluida ésta. Ampliar su jornada laboral manteniendo el mismo salario es una forma encubierta de rebajar sus retribuciones.
El Área Pública de CCOO de CyL reitera la necesidad de un Pacto por el Empleo, una consolidación fiscal más justa y progresiva (más aún que la que proponen, con más imposición directa y menos indirecta) y el mantenimiento del poder adquisitivo:
Racionalizar la duplicidad de servicios, empezando por determinados conciertos innecesarios, porque los cubrían los centros públicos (el gasto actual en conciertos es de 266.000.000 €).
Luchar contra el fraude fiscal: sobre un PIB de 10.000 millones de € hay una actividad de 2.000 millones que evade impuestos. Afirmar ahora que se podían haber recaudado 212 millones que no se recaudaban, más 180 de sucesiones, no parece propio de un gobierno que exige a los demás eficiencia.
Luchar contra la pérdida de poder adquisitivo –van más de 10 puntos– de los empleados públicos, reactiva la economía.
Invertir en servicios públicos es invertir en renta y en desarrollo.
Más que por el blindaje de los servicios públicos esta administración puede pasar a la historia por haber liquidado las conquistas sociales de los empleados de la Junta de Castilla y León como mínimo desde 2002.
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