El Consejo de Gobierno (29.12.2011) ha aprobado un paquete de medidas económicas, fiscales y administrativas para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. El Consejo de Gobierno, reunido esta mañana en el Colegio de la Asunción de Valladolid bajo la dirección del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha aprobado un amplio paquete de medidas económicas, fiscales y administrativas que tienen como principal objetivo garantizar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales con calidad y equidad, así como su sostenibilidad en el futuro.
El Ejecutivo regional ha dado luz verde hoy a cuatro normas y textos legislativos: el Decreto de Prórroga de los Presupuestos de 2011 y el Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, que se han aprobado; el Plan de Racionalización del Gasto Corriente, que incluye dos iniciativas que es preceptivo abordar en las mesas de negociación de la Función Pública, convocadas para mañana mismo, y el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, al que se incorporarán las disposiciones mencionadas y que sólo está a falta de los informes del Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo Consultivo.
El primero de los textos reguladores que se han aprobado hoy es el Decreto de Prórroga de las cuentas que están en vigor. Se trata de una imposición legal, en la medida en que sus características vienen dadas por el Estatuto de Autonomía y el artículo 107 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
En materia de ingresos, la norma prolonga los créditos iniciales de los Presupuestos de 2011, salvo que correspondan a actuaciones terminadas o se trate de fondos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse.
Entre los aspectos significativos figura además que en enero la Junta declarará indisponibles tantos recursos como sean necesarios para respetar el objetivo de estabilidad para 2012.
En cuanto a los gastos, se prorrogarán los de personal, los necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos y los derivados del pago de la deuda pública.
En segundo lugar, el Consejo de Gobierno, ha aprobado el Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, conocida como Ley de Techo de Gasto. El presidente Herrera reafirma la apuesta de la Junta por la estabilidad presupuestaria a la que le obligan la UE y la propia Constitución Española.
Durante la reunión de esta mañana se ha analizado además el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, del que ha informado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Como ya anunció hace tres meses justos, el borrador prevé la implantación de 7 nuevas ventajas fiscales el próximo año, que elevarán hasta los 50 los beneficios fiscales vigentes en 2012. Lo más llamativo del borrador es la incorporación del llamado "céntimo sanitario", que responde a la necesidad de obtener nuevos ingresos que compensen la caída de la recaudación por las figuras impositivas tradicionales y a la insuficiencia de los recursos procedentes del sistema de financiación.
El Consejo de Gobierno de hoy ha servido, por último, para aprobar el grueso del Plan de Racionalización del Gasto Corriente, que permitirá ahorrar 136 millones de euros mediante un compendio de medidas que afectan a toda la Administración de la Junta de Castilla y León. Este documento tiene como precedentes numerosas medidas de contención del gasto como el Acuerdo 67/2010, de 1 de julio, el Código de Austeridad de los Altos Cargos, la reestructuración del Gobierno o la reducción del número de miembros del Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Se complementará con otras actuaciones de carácter específico, en las que está trabajando ya cada consejería.
Entre las iniciativas que incluye el plan, que desplegará todos sus efectos en años sucesivos, figura la ya acordada reducción del 30% del número de liberados sindicales y la congelación de la oferta de empleo público, excepto en los servicios públicos esenciales.
En el área de personal se opta por no rebajar las retribuciones, que en 2012 serán las mismas que en 2011. Al tiempo, se propone aumentar la jornada laboral de los empleados públicos en 30 minutos diarios -hasta volver a las 37,5 horas semanales. El presidente de la Junta ha querido dejar claro que en el ámbito educativo este aumento no se traducirá en 2,5 horas más lectivas a la semana, sino que habrá un tiempo para más del personal para dedicación lectiva y otro tiempo para más formación "por lo que será tiempo en los que no se necesitarán ni interinos ni sustituciones".
El documento también contempla la intensificación del control del absentismo laboral, amén de una nueva regulación de la complementación económica de la prestación por incapacidad.
Junto a esto, la norma recoge la reorganización del sector público de la comunidad; el impulso de la teleformación; la racionalización de las acciones que se llevan a cabo con el Fondo de Acción Social, y la potenciación de los servicios de prevención de riesgos laborales propios. A esto hay que añadir la rebaja sustancial de los contratos de seguridad y limpieza en los edificios públicos; la implantación de planes de ahorro energético en las dependencias administrativas; la gestión integral del patrimonio y los alquileres; la fusión de todos los centros de proceso de datos en uno, y la unificación progresiva de las oficinas de atención a los ciudadanos.
Leer nota de prensa
