Enfermará la escuela

El aumento de ratios y el incremento de horas lectivas van a suponer un aumento considerable de la prevalencia de enfermedades de la voz. Una enfermedad profesional que incide en la herramienta de trabajo más importante del docente que se traduce en la indisposición duradera de muchos profesionales.

Los profesores y profesoras insisten en que los principales perjudicados son los alumnos y tienen razón: los recortes de profesorado se traducen en grupos más grandes, desaparición de los apoyos para alumnado con dificultades, reducción de la atención personalizada y todo un sinfín de prácticas cotidianas en la escuela que son las que aseguran la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades. Si es bien cierto que las principales víctimas son los alumnos, no es menos verdad que los golpes directos los recibe el profesorado.

Lo afirmaba Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, y sintetizaba bien la situación actual: “Los problemas no se resuelven haciendo recaer todas las tareas sobre las espaldas del profesorado y prescindiendo de la contratación de nuevo personal o de la importante función que en el sector desempeñan los interinos. La decisión adoptada por algunos gobiernos autonómicos de reducir las plantillas docentes para ahorrar es un error que muy pronto pagaremos todos”. Hemos querido ir más allá de las cifras y traer el testimonio de algunos profesionales que están padeciendo en carne propia cambios claramente nocivos en sus condiciones de trabajo.

Sobrecarga de trabajo y conflicto de rol

En septiembre pasado, Josema se incorpora al instituto de Albacete donde es director. Llega tranquilo porque en julio cerraron la planificación del curso y ya habían hecho encaje de bolillos para que los alumnos recibieran las clases en las mejores condiciones posibles. Su sorpresa es mayúscula cuando el 9 de septiembre –el curso empezaba el 14– recibe una llamada de la Administración educativa de Castilla-La Mancha que le dice que cuenta con 5 profesores menos y que además ha de ser él quien “despida” a esas personas: “De repente te encuentras con que no tienes horario ni tienes nada y te ves obligado a decidir tú qué cinco interinos se van a la calle y a comunicarles esa decisión”. Además, Josema tiene que conseguir que el instituto funcione y para poder solventar la situación, el equipo directivo se ve obligado a hacer cambios importantes: poner a un profesor que lleva 25 años dando matemáticas a dar ciencias naturales, a uno de física a dar informática y tecnología, a uno de lengua a dar historia, etc.

“Lo que la gente no ve –explica Josema– es que por cada hora de clase que un profesor da de una materia nueva necesita al menos tres horas de preparación. Con eso quiero decir que si a un profesor de matemáticas que tiene 10 grupos de 30 alumnos, o sea 300 alumnos, le colocamos un grupo de ciencias naturales de tres horas a la semana, estamos incrementando su carga de trabajo en tres horas presenciales y al menos en nueve horas de tiempo de trabajo fuera de clase”. “Además –explica Josema–, programar por competencias y evaluar por competencias requiere mucho más trabajo de preparación y de corrección”. Los profesores cuyos grupos aumentan en número, o que tienen más grupos, están desbordados: “En mi equipo tengo muchos compañeros con síntomas de estrés: falta de sueño, taquicardias y ansiedad. Yo mismo he tenido que acudir al médico para que me diera medicación para regular la ansiedad”. A la sobrecarga de trabajo se une el control y las amenazas: “La Administración se enteró de que estábamos preparando una carta de protesta y nos llamó el inspector para decirnos que estaban viendo la posibilidad de abrirnos un expediente”.

Cerca de Josema trabaja Ana. Ella es profesora de ciencias y relata una situación de sobrecarga de trabajo y problemas de conciliación con la vida familiar: “Han desaparecido los tiempos entre clase y clase y también las horas que teníamos para preparar material. Yo he conseguido mantener las dos horas de tutoría individual porque en tercero de la ESO es fundamental, pero tras seis horas seguidas de clase llego a casa reventada y sin haber podido preparar materiales o corregir. Cuando llego a mi casa atiendo a mis hijos y entre las diez de la noche y la una de la madrugada me preparo clases y corrijo. Me levanto a las 6:30 sin haber descansado lo suficiente y preguntándome qué efectos reales tiene el plan ‘Concilia’ que aprobamos hace unos años. No sé hasta cuándo resistiremos”.

En Madrid, la Administración ha incrementado en dos horas la docencia obligatoria del profesorado pensando que con ese incremento de horario iba a suplir a los 3.500 interinos que ha dejado en la calle, pero no es así. Con estos recortes, los profesores se ven obligados a abordar su tarea en condiciones que pueden poner en peligro la salud de los trabajadores. El aumento de ratios y el incremento de horas lectivas va a suponer un aumento considerable de la prevalencia de enfermedades de la voz. Una enfermedad profes ional que incide en la herramienta de trabajo más importante del docente que se traduce en la indisposición duradera de muchos profesionales. “Tenemos clases de 35 alumnos cuando la ley establece que el máximo es 30, y en esos grupos tenemos alumnos con necesidades educativas especiales que no están siendo atendidos adecuadamente porque ni hay apoyos ni hay reducción de ratio”, explica Gabriel, delegado de CCOO en un instituto de Madrid. Él es profesor de geografía e historia y tiene por costumbre hacer un examen por cada tema. Con el aumento de ratio las horas que dedica a corregir se han incrementado notablemente porque no es lo mismo corregir 20 exámenes por tema que 35. Una alternativa para reducir la sobrecarga de trabajo sería suprimir esa práctica de evaluación continua, pero los profesores se niegan a cambiar aquello que creen que funciona bien: “Nosotros tratamos de seguir haciendo lo que pensamos que es mejor para los alumnos, pero la Administración nos lo está poniendo muy difícil. Por este camino se cargan la enseñanza pública y precisamente para evitar esto estamos yendo a la huelga”.

Sufrimiento ético y prácticas represivas

El común denominador de los testimonios que nos llegan al sindicato es el sufrimiento ético de aquellos profesionales que se ven obligados a ejercer su labor en condiciones que no son adecuadas. Un caso muy claro de este tipo de sufrimiento es el de una profesora de inglés que en un instituto de Madrid fue obligada a dar clases de francés: la profesora se apuntó a una academia de francés y denunció en la prensa que enseñaba a sus alumnos lo que ella aprendía por la tarde. Que te obliguen a enseñar de lo que no sabes, es un caso extremo de exposición a riesgos psicosociales. Denunciar la situación es un mecanismo de defensa cuando un ser humano padece una injusticia, pero la Administración educativa madrileña no lo ha visto así y la represalia no se ha hecho esperar. Tal y como explica Gabriel, “la profesora ha sido trasladada como castigo, sin mediar expediente, a un centro que está a 50 kilómetros de Madrid”. Por esta y otras prácticas similares CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a dos altos cargos de áreas territoriales en Madrid que son los responsables de decisiones arbitrarias que lo único que pretenden es amedrentar al profesorado. “La movilización del profesorado en Madrid está siendo criminalizada, estamos siendo perseguidos con unos niveles de represión y autoritarismo impropios de un régimen democrático”, señala Gabriel.

Ekio, jefe de estudios de FP en otro instituto de Madrid, corrobora las palabras de Gabriel: “Parece que vivamos en los años 40”, afirma. En su instituto organizaron una noche verde: una noche de clase ininterrumpida para hacer con los alumnos y alumnas actividades que no iban a poder ser desarrolladas durante el curso debido a los recortes de personal. Más de 250 alumnos participaron en las actividades, pero “a la mañana siguiente se presentó la inspectora para pedir cuentas –explica Ekio–, cuando un centro escolar tiene autonomía para hacer este tipo de cosas si cuentan con la aprobación del consejo escolar”. El profesorado del centro se ve amenazado por un expediente y está indignado: “En verano nos obligaron a abrir el instituto 10 días con motivo de la visita del Papa, tuvimos que arreglar las duchas, poner teléfonos y ordenadores a su disposición, todo eso sin que lo aprobara el consejo escolar y sin que se nos hayan pagado los gastos que estas actuaciones ocasionaron. Sin embargo, en esto la inspección no ve ningún problema”. La tensión entre el profesorado que se ve sometido a estas prácticas autoritarias es tal que en el instituto van a crear un grupo de autoayuda dirigido por un psicólogo: “Necesitamos que la gente encuentre un lugar para hablar de lo que está sufriendo y poder regular su ansiedad”.

Los docentes, como el resto de trabajadores, tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esta realidad sólo es un ejemplo de cómo los recortes en educación están empeorando no sólo la calidad de la enseñanza y de las condiciones de trabajo, sino también la salud de los trabajadores. Con estos cambios, la Administración dinamita su doble compromiso de, por un lado, preservar la salud de los trabajadores y, por otro, cumplir con el Reglamento de los Servicios de Prevención que exige volver a evaluar los riesgos –incluidos los psicosociales– a los que están expuestos los trabajadores cuando se modifican las condiciones de trabajo.
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