El nuevo curso escolar comienza tal como acabó el anterior: con el bloqueo de la negociación del Estatuto docente que venimos reclamando los sindicatos desde hace meses.
El Ministerio de Educación debe desbloquear la negociación del Estatuto Docente. El Estatuto Docente, asignatura pendiente de esta legislatura. El Consejo Escolar del Estado avaló la propuesta sindical. El nuevo curso escolar comienza tal como acabó el anterior: con el bloqueo de la negociación del Estatuto docente que venimos reclamando los sindicatos desde hace meses. Ante esta situación, en la Federación de Enseñanza de CCOO exigimos al Ministerio de Educación que reanude sin más demora la negociación, sin esperar al final de la legislatura. Tenemos que recordar que la propuesta de Estatuto del personal no universitario que defendemos los representantes del profesorado ha recibido el aval del Consejo Escolar del Estado, que ha instado al Ministerio a recuperar el consenso alcanzado en la Mesa sectorial del pasado 18 de abril en torno al borrador del Estatuto. En dicha propuesta se le pide también que logre una norma consensuada que establezca el perfil básico de la profesión docente, acorde con las nuevas realidades sociales, adaptando el marco legal de los funcionarios y funcionarias docentes a las nuevas realidades políticas y administrativas de nuestro Estado, derivadas de la Constitución de 1978 y del Estatuto Básico del Empleado Público y su posterior desarrollo. CC.OO. sigue insistiendo en las dificultades surgidas por parte del Ministerio de Educación tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación del 18 de abril, de poder cumplir los compromisos contraídos con los sindicatos y poder concretar su oferta en un texto articulado en el que, tal y como se acordó, se establezca una promoción profesional en el puesto de trabajo, que flexibilice, mejore y amplíe el actual sistema de sexenios por el que el docente con seis años de docencia y aproximadamente cien horas de formación continua percibe un complemento retributivo. Por otra parte, instamos a las comunidades autónomas a que favorezcan el proceso de implantación de la LOE previsto en el calendario de aplicación según los términos establecidos en los desarrollos legales de dicha norma, y que dejen de lado las veleidades partidistas. La cohesión social del país empieza por la educación básica y la homologación de los parámetros universales de calidad educativa. El aumento del número de escolares procedentes de la inmigración exige unas políticas organizativas claras, equitativas y atentas a la igualdad de oportunidades. Los centros ubicados en las zonas con una concentración mayor de inmigrantes necesitan refuerzos tanto humanos como económicos, que contrarresten los posibles desequilibrios tanto en lo que se refiere a la ratio de alumno por aula como en el reparto proporcional del alumnado entre los centros públicos y privados concertados. Sabemos que hay comunidades y provincias en las que los institutos están necesitados de una urgente incremento de la plantilla para hacer frente al aumento de la demanda de matrícula escolar. Nos preocupan especialmente las elevadas tasas de fracaso escolar al final de la Educación Secundaria Obligatoria, sobre todo en aquellas comunidades en las que éstas superan la media nacional. Nuestro sistema educativo no puede permitirse semejantes niveles de fracaso y menos todavía en una etapa escolar tan importante y decisiva para el estudiante. No es de extrañar que en la Comisión Europea estén preocupados por el 29,9% de fracaso en la Secundaria, la cifra oficial difundida por la propia ministra de Educación en su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados. La mejora de la cualificación laboral de nuestros jóvenes, así como del mercado de trabajo, pasa por la reducción del fracaso escolar en la ESO. Por todo ello, las administraciones educativas no deben escatimar inversiones a la hora de ofertar clases de refuerzo para el alumnado académicamente más vulnerable.Tenemos que recordar una vez más que en la Cumbre de la Unión Europea del año 2000 se estableció el objetivo de que en 2010 el 75% de los jóvenes alcanzara la titulación de Bachillerato o de Formación Profesional. Faltan sólo tres años para que España deba responder del grado de cumplimiento de este objetivo comunitario y a la vista de los resultados actuales tenemos serias dudas de que por entonces podamos presentarnos con los deberes hechos. Lo primero que debería hacer el Gobierno es concienciar a la sociedad española de la situación y sensibilizar a la opinión pública. Mirar hacia otro lado no es la mejor estrategia, como tampoco lo es cruzarse de brazos y esperar a que las estadísticas cambien en el sentido deseado. No nos cansaremos de repetir que la educación es un asunto de todos y que no vale considerarla públicamente como un bien público y al mismo tiempo no hacer nada para hacerlo posible. No debemos olvidar que España salió del subdesarrollo porque la sociedad de la época, pese a todas sus carencias, creyó con sinceridad que la educación era el mejor instrumento para el progreso social y económico.Pensamos que este debería ser el verdadero debate en el ámbito educativo y no el que algunos han organizado en torno a la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía para desgastar al Gobierno y para fomentar la confusión.
