
Ante los resultados del Informe educativo de la OCDE, CCOO insiste en la necesidad de implantar un Plan de choque en Secundaria. El gasto educativo en España es un punto inferior al medio de los países de la OCDE 25 de septiembre de 2007 Es preciso potenciar la financiación y los recursos humanos en los centros docentes Ante los datos relativos a la situación española arrojados por el último informe educativo de la OCDE correspondiente al año 2007, según los cuales sólo el 72% de los alumnos logra el título de Bachillerato o FP de grado medio, 10 puntos menos que la media de la OCDE y 15 menos que la de la UE, en la Federación de Enseñanza de CCOO insistimos en que si queremos cumplir el objetivo marcado para 2010 en la Cumbre de Lisboa del año 2000 de alcanzar el 75% de titulados en algunos de esos dos niveles de la enseñanza postobligatoria las administraciones educativas deberán actuar sin demoras en dos frentes. Por una parte, la implantación de un Plan de Choque en los centros de Secundaria, tal como venimos exigiendo en CCOO desde hace algunos años, que mejore la financiación, los recursos humanos y que favorezca una enseñanza personalizada. Es preciso reforzar el segundo ciclo de la ESO, mediante una reorganización del actual plan de estudios que incida en el carácter propedéutico del ciclo con vistas a facilitar el acceso del alumnado a los niveles postobligatorios. La segunda línea de actuación debe centrarse en potenciar la formación continua para la población adulta, de modo que quienes no hayan podido acceder al Bachillerato o a la Formación Profesional de grado medio cuando terminaron la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) puedan hacerlo si lo desean. Para ello es preciso ofertar una amplia y solvente red de centros de enseñanza de adultos, dotándolos de los recursos humanos y materiales precisos para atender la demanda. De esta manera podríamos aumentar los actuales indicadores que cifran en un 64% la población española de entre 25 y 34 años que ha completado el Bachillerato o algún ciclo formativo de grado medio, frente al 77% de media de los países de la OCDE y el 79% en los países de la Unión Europea.Con las actuales tasas de fracaso escolar en la ESO que, según reveló la ministra de Educación en su reciente comparecencia parlamentaria, asciende a un 29,9%, no tenemos por qué sorprendernos del estancamiento de la población joven que accede al Bachillerato o a la FP de grado medio. Por tanto, el primer objetivo del Ministerio de Educación y de las administraciones educativas debería ser la concreción de medidas eficaces para combatir este fracaso. En este contexto poco alentador, proponemos al Gobierno central que tome la iniciativa y lidere una ambiciosa campaña de concienciación de la sociedad española para que recupere su confianza en el sistema educativo y, frente a las tentadoras propuestas de trabajos precarios y no cualificados, los padres animen a sus hijos a continuar los estudios de Bachillerato o Formación Profesional como la mejor garantía de que éstos les servirán no sólo para encontrar puestos de trabajo más cualificados sino que, además, les abrirán las puertas a una formación continua de mayor nivel formativo, que a su vez redundará también en la mejora de su formación profesional. En lo que se refiere al gasto educativo, España se encuentra también por detrás del 5,4% del PIB de la OCDE: un 4,6% en 2005 y un 4,3% en 2004. Resulta difícil de entender el retroceso en un indicador tan crucial en una etapa caracterizada paradójicamente por un sostenido crecimiento económico, superior incluso al de los países de nuestro entorno. La única interpretación que se nos ocurre es que los últimos gobiernos de España no han creído en serio que la inversión educativa es una condición básica para la mejora de la cualificación educativa y profesional de nuestros jóvenes y, por tanto, de nuestro aparato productivo. En cuanto al profesorado, el informe de la OCDE subraya el hecho de que si bien el sueldo inicial de los docentes es superior a la media de la OCDE y de la UE, se incrementa en menor proporción a lo largo de la carrera. Esto último se debe a la ausencia de un verdadero desarrollo profesional. De ahí que en CCOO vengamos reclamando desde hace meses al Ministerio de Educación que desbloquee la negociación del proyecto de Estatuto Docente en el que debe regularse con claridad la carrera profesional del profesorado, algo que sin duda beneficiará en primer lugar al propio sistema educativo y supondrá un estímulo para un colectivo aquejado por una crónica crisis de autoestima como consecuencia de la sobrecarga laboral resultante de las nuevas exigencias que se piden a la escuela y de la ausencia de una carrera profesional que delimite sus funciones y responsabilidades en el marco de un adecuado sistema retributivo. Ante los datos relativos a la situación española arrojados por el último informe educativo de la OCDE correspondiente al año 2007, según los cuales sólo el 72% de los alumnos logra el título de Bachillerato o FP de grado medio, 10 puntos menos que la media de la OCDE y 15 menos que la de la UE, en la Federación de Enseñanza de CCOO insistimos en que si queremos cumplir el objetivo marcado para 2010 en la Cumbre de Lisboa del año 2000 de alcanzar el 75% de titulados en algunos de esos dos niveles de la enseñanza postobligatoria las administraciones educativas deberán actuar sin demoras en dos frentes. Por una parte, la implantación de un Plan de Choque en los centros de Secundaria, tal como venimos exigiendo en CCOO desde hace algunos años, que mejore la financiación, los recursos humanos y que favorezca una enseñanza personalizada. Es preciso reforzar el segundo ciclo de la ESO, mediante una reorganización del actual plan de estudios que incida en el carácter propedéutico del ciclo con vistas a facilitar el acceso del alumnado a los niveles postobligatorios. La segunda línea de actuación debe centrarse en potenciar la formación continua para la población adulta, de modo que quienes no hayan podido acceder al Bachillerato o a la Formación Profesional de grado medio cuando terminaron la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) puedan hacerlo si lo desean. Para ello es preciso ofertar una amplia y solvente red de centros de enseñanza de adultos, dotándolos de los recursos humanos y materiales precisos para atender la demanda. De esta manera podríamos aumentar los actuales indicadores que cifran en un 64% la población española de entre 25 y 34 años que ha completado el Bachillerato o algún ciclo formativo de grado medio, frente al 77% de media de los países de la OCDE y el 79% en los países de la Unión Europea.Con las actuales tasas de fracaso escolar en la ESO que, según reveló la ministra de Educación en su reciente comparecencia parlamentaria, asciende a un 29,9%, no tenemos por qué sorprendernos del estancamiento de la población joven que accede al Bachillerato o a la FP de grado medio. Por tanto, el primer objetivo del Ministerio de Educación y de las administraciones educativas debería ser la concreción de medidas eficaces para combatir este fracaso. En este contexto poco alentador, proponemos al Gobierno central que tome la iniciativa y lidere una ambiciosa campaña de concienciación de la sociedad española para que recupere su confianza en el sistema educativo y, frente a las tentadoras propuestas de trabajos precarios y no cualificados, los padres animen a sus hijos a continuar los estudios de Bachillerato o Formación Profesional como la mejor garantía de que éstos les servirán no sólo para encontrar puestos de trabajo más cualificados sino que, además, les abrirán las puertas a una formación continua de mayor nivel formativo, que a su vez redundará también en la mejora de su formación profesional. En lo que se refiere al gasto educativo, España se encuentra también por detrás del 5,4% del PIB de la OCDE: un 4,6% en 2005 y un 4,3% en 2004. Resulta difícil de entender el retroceso en un indicador tan crucial en una etapa caracterizada paradójicamente por un sostenido crecimiento económico, superior incluso al de los países de nuestro entorno. La única interpretación que se nos ocurre es que los últimos gobiernos de España no han creído en serio que la inversión educativa es una condición básica para la mejora de la cualificación educativa y profesional de nuestros jóvenes y, por tanto, de nuestro aparato productivo. En cuanto al profesorado, el informe de la OCDE subraya el hecho de que si bien el sueldo inicial de los docentes es superior a la media de la OCDE y de la UE, se incrementa en menor proporción a lo largo de la carrera. Esto último se debe a la ausencia de un verdadero desarrollo profesional. De ahí que en CCOO vengamos reclamando desde hace meses al Ministerio de Educación que desbloquee la negociación del proyecto de Estatuto Docente en el que debe regularse con claridad la carrera profesional del profesorado, algo que sin duda beneficiará en primer lugar al propio sistema educativo y supondrá un estímulo para un colectivo aquejado por una crónica crisis de autoestima como consecuencia de la sobrecarga laboral resultante de las nuevas exigencias que se piden a la escuela y de la ausencia de una carrera profesional que delimite sus funciones y responsabilidades en el marco de un adecuado sistema retributivo.