La Audiencia Nacional abre la posibilidad de elevar al Constitucional el recorte salarial del sector público

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional abre vía procesal para elevar al Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad del recorte salarial de las empleadas y empleados públicos que supuso la convocatoria de huelga del sector público, del día 8 de junio, y la campaña "CCOO con tus derechos", de actuaciones judiciales del sindicato frente a los recortes. Una de estas actuaciones, en relación con la Fabrica Nacional de la Moneda y Timbre, es la que provoca esta manifestación unánime de la Sala.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado "por unanimidad" Providencia de 30 de septiembre, por la que concede plazo a las partes "para que aleguen lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad", en relación con algunas disposiciones de su ámbito jurisdiccional contenidas en el Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Las disposiciones citadas se encuentran referidas a la reducción salarial de las personas asalariadas en régimen laboral del sector público.

La Providencia, dictada en el curso del conflicto colectivo planteado a instancias de Comisiones Obreras en el ámbito de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, avanza "dudas sobre la constitucionalidad" de la redacción de algunos de sus artículos, en concreto sobre el artículo 1, que modifica diversos artículos de la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para 2010, por posible afectación del "contenido esencial del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva".

Esta Providencia, sin prejuzgar el sentido final del procedimiento, "refuerza", según Enrique Lillo, letrado del Gabinete Interfederal de CCOO, la posición defendida por nuestro sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los Convenios y Acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos".

CCOO mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas en defensa de los derechos de los asalariados del sector público, promoviendo las iniciativas necesarias para su extensión a cerca de 3.000.000 de personas, empleadas y empleados públicos.