
La Plataforma de Empleadas y Empleados públicos de Castilla y León convoca movilizaciones sectoriales para exigir otras políticas, como medidas fiscales y de ahorro en otros capítulos dentro de las instituciones, para evitar que sean los empleados y empleadas públicos los únicos que tengan que soportar el peso de la crisis.
El pasado 25 de julio se constituyó (como desarrollo de la plataforma estatal) la Plataforma sindical y de Asociaciones profesionales de Empleadas y Empleados públicos de Castilla y León con el objetivo de contestar "a la brutal agresión que desde hace unos años venimos sufriendo por parte de las distintas administraciones en el ámbito estatal y de la comunidad autónoma, que se ha agravado con la promulgación del RDL 20/2012 de 13 de julio con el que el Gobierno hace recaer el peso de la crisis sobre los empleadas y empleados públicos" y de responder a "las medidas de marcado carácter anticonstitucional y antisocial que anulan derechos reconocidos e invaden competencias de las comunidades autónomas y corporaciones locales, dando con todo ello un auténtico golpe de mano a la democracia".
Fruto de las convocatorias de esta plataforma han sido todas las concentraciones que han tenido lugar en las capitales de provincia, en los centros de trabajo o puntos especialmente significativos (subdelegaciones de Gobierno), durante los meses de verano y que han seguido realizándose en el mes de septiembre.
La ciudadanía debe tener presente que los empleados/as públicos/as son los encargados de desempeñar los servicios que presta el Estado a los ciudadanos, que para eso tienen que demostrar su cualificación a través de una oposición y que la estabilidad en el empleo sirve para mantener la calidad y la permanencia de las prestaciones públicas que se ofrecen a los ciudadanos. Los servicios públicos son vitales y de ellos son garantes los trabajadores y trabajadoras públicos.
Las organizaciones integrantes de la plataforma exigimos otras políticas, como medidas fiscales y de ahorro en otros capítulos dentro de las instituciones, para evitar que sean los empleados y empleadas públicos los únicos que tengan que soportar el peso de la crisis en sus bolsillos, ya bastante castigados con años de congelaciones salariales, que han sido pérdidas de renta reales, y de recortes directos de salarios.
Es necesario seguir saliendo a la calle a denunciar el acoso a los servicios públicos que ha emprendido el Gobierno y por la defensa del empleo con dignidad. Por eso los actos de protesta continuarán. Se ha establecido un calendario de movilizaciones sectoriales, además de los ya conocidos como "viernes negros", que aglutinan a todos los empleados y empleadas públicos/as. No cejaremos en el empeño, hasta conseguir que el Gobierno rectifique. Los empleados públicos no tenemos porqué pagar una crisis que no hemos provocado.
La Plataforma está formada por las siguientes asociaciones: Unión Federal de Policía (UFP), Confederación Española de Policía (CEP), Sindicato Unificado de Policía (SUP), Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Unión de Guardias Civiles por la Democracia (UGC), SATSE, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), USAE, Federación de Empleados Públicos de USO (FEP-USO), Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), ANPE, STECYL-i, FSP-UGT, FETE-UGT, CSIF, Federación de Enseñanza de CCOO (FE-CCOO), Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO).