Decenas de manifestaciones en las principales ciudades españolas ponen fin a la jornada de huelga universitaria
Sindicatos y alumnado se unen contra la política errática del Gobierno del PP y exigen de forma conjunta el fin de los ataques a la universidad pública.
Manifiesto conjunto de las organizaciones sindicales y estudiantiles convocantes (CCOO, UGT, CSI-F, SE, Eem y Faest):
Hoy, la comunidad universitaria y la sociedad en general han puesto de manifiesto su oposición y rechazo a las reformas del sistema universitario que pretende imponer el Gobierno del Partido Popular con la aprobación de tres decretos.
El primero de ellos, ya aprobado, modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias y cuenta con la oposición de toda la comunidad universitaria. Se elaboró sin debate político ni social, sin una evaluación de los nuevos grados consecuencia de la aplicación del proceso de "Bolonia" y no cuenta con una justificación creíble de los cambios que introduce.
Si finalmente se implanta el 3+2 (grados de tres años y másteres de dos) de forma generalizada, el sistema, lejos de homogeneizarnos con Europa, generará nuevas disfunciones en nuestras universidades, como señaló el Consejo de Estado en su dictamen. "Parece difícil alcanzar tal homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse el caso, con la redacción del Real Decreto, de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra", alertó.
Además, teniendo en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado (España ocupa el séptimo puesto entre los países donde el precio mínimo requerido para estudiar un máster es más caro), las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio y los más de 210 millones recortados en becas desde 2012, esta reforma expulsará al alumnado universitario con menor poder adquisitivo.
La reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de estudiantes, sumada a los 45.000 alumnos "expulsados" desde el curso 2012/13, tendrán un impacto muy negativo en la financiación de las universidades, el empleo y las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y servicios, dando lugar a una reconversión del sector que no vamos a aceptar. Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las universidades perderán 150 millones de euros en concepto de matrículas, a los que se sumará el recorte de las comunidades autónomas, que algunos cifran en 850 millones. Por tanto, la inversión se reducirá en 1.000 millones, que se añadirán a los 1.500 que han perdido los presupuestos de las universidades entre 2010 y 2014.
El Gobierno, en los últimos meses de su mandato, también se plantea aprobar otros dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora.
El borrador de RD de creación de centros y universidades que conocemos elimina la referencia a la programación general de la enseñanza que debería permitir la planificación de la oferta, suprime muchos de los requisitos mínimos que contempla la normativa actual y rebaja la exigencia de los que quedan. Por ejemplo: se rebaja el requisito de titulación del profesorado para impartir clase en los títulos oficiales grado, pasando del 70% de doctores que se exigía en las licenciaturas, al 50% de doctores que exige la nueva norma para los grados.
Se pretende flexibilizar y desregular el sistema para facilitar el negocio en la educación superior de acuerdo con la ley de garantía de la unidad de mercado. Como dice el preámbulo del nuevo decreto, el objetivo es "crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes".
En la práctica, esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
Por último, la propuesta ministerial de Real Decreto por el que se modifica la acreditación del personal docente e investigador (PDI) funcionario establece un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual, continúa minusvalorando la actividad docente frente a la investigación y dificultará el acceso a la docencia universitaria.
Con la aplicación de estas reformas, se diseña una universidad menos pública, menos democrática y de menor calidad. Se devalúan los estudios de grado, que solo podrán garantizar una formación muy generalista, por lo que la formación deberá ser completada con másteres, mucho más caros, lo que disparará el gasto de las familias. En un contexto de reducción de las becas y de endurecimiento de los requisitos para acceder a estas, se dibuja un modelo universitario con un creciente sesgo clasista.
Las organizaciones firmantes de este comunicado rechazan estas iniciativas que pretenden convertir las universidades en empresas de servicios educativos, agradecen a la comunidad universitaria y a la sociedad su participación en las movilizaciones y se comprometen a seguir luchando para derogar el RD 3+2 e impedir las nuevas reformas que nos pretenden imponer.
NO MÁS REFORMAS SIN CONSENSO CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
NO AL 3+2 QUE ENCARECE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EXPULSARÁ AL ALUMNADO CON MENOS PODER ADQUISITIVO
NO A LA DESREGULACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN EN LA CREACIÓN DE CENTROS Y UNIVERSIDADES
NO A UN SISTEMA QUE PERMITE UNA ACREDITACIÓN MENOS OBJETIVA Y SIN DEMOSTRAR EXPERIENCIA DOCENTE
POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD, CONSTRUIDA CON EL CONSENSO DE TODOS, AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y NO DE LOS MERCADOS
Hoy, la comunidad universitaria y la sociedad en general han puesto de manifiesto su oposición y rechazo a las reformas del sistema universitario que pretende imponer el Gobierno del Partido Popular con la aprobación de tres decretos.
El primero de ellos, ya aprobado, modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias y cuenta con la oposición de toda la comunidad universitaria. Se elaboró sin debate político ni social, sin una evaluación de los nuevos grados consecuencia de la aplicación del proceso de "Bolonia" y no cuenta con una justificación creíble de los cambios que introduce.
Si finalmente se implanta el 3+2 (grados de tres años y másteres de dos) de forma generalizada, el sistema, lejos de homogeneizarnos con Europa, generará nuevas disfunciones en nuestras universidades, como señaló el Consejo de Estado en su dictamen. "Parece difícil alcanzar tal homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse el caso, con la redacción del Real Decreto, de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra", alertó.
Además, teniendo en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado (España ocupa el séptimo puesto entre los países donde el precio mínimo requerido para estudiar un máster es más caro), las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio y los más de 210 millones recortados en becas desde 2012, esta reforma expulsará al alumnado universitario con menor poder adquisitivo.
La reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de estudiantes, sumada a los 45.000 alumnos "expulsados" desde el curso 2012/13, tendrán un impacto muy negativo en la financiación de las universidades, el empleo y las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y servicios, dando lugar a una reconversión del sector que no vamos a aceptar. Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las universidades perderán 150 millones de euros en concepto de matrículas, a los que se sumará el recorte de las comunidades autónomas, que algunos cifran en 850 millones. Por tanto, la inversión se reducirá en 1.000 millones, que se añadirán a los 1.500 que han perdido los presupuestos de las universidades entre 2010 y 2014.
El Gobierno, en los últimos meses de su mandato, también se plantea aprobar otros dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora.
El borrador de RD de creación de centros y universidades que conocemos elimina la referencia a la programación general de la enseñanza que debería permitir la planificación de la oferta, suprime muchos de los requisitos mínimos que contempla la normativa actual y rebaja la exigencia de los que quedan. Por ejemplo: se rebaja el requisito de titulación del profesorado para impartir clase en los títulos oficiales grado, pasando del 70% de doctores que se exigía en las licenciaturas, al 50% de doctores que exige la nueva norma para los grados.
Se pretende flexibilizar y desregular el sistema para facilitar el negocio en la educación superior de acuerdo con la ley de garantía de la unidad de mercado. Como dice el preámbulo del nuevo decreto, el objetivo es "crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes".
En la práctica, esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
Por último, la propuesta ministerial de Real Decreto por el que se modifica la acreditación del personal docente e investigador (PDI) funcionario establece un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual, continúa minusvalorando la actividad docente frente a la investigación y dificultará el acceso a la docencia universitaria.
Con la aplicación de estas reformas, se diseña una universidad menos pública, menos democrática y de menor calidad. Se devalúan los estudios de grado, que solo podrán garantizar una formación muy generalista, por lo que la formación deberá ser completada con másteres, mucho más caros, lo que disparará el gasto de las familias. En un contexto de reducción de las becas y de endurecimiento de los requisitos para acceder a estas, se dibuja un modelo universitario con un creciente sesgo clasista.
Las organizaciones firmantes de este comunicado rechazan estas iniciativas que pretenden convertir las universidades en empresas de servicios educativos, agradecen a la comunidad universitaria y a la sociedad su participación en las movilizaciones y se comprometen a seguir luchando para derogar el RD 3+2 e impedir las nuevas reformas que nos pretenden imponer.
NO MÁS REFORMAS SIN CONSENSO CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
NO AL 3+2 QUE ENCARECE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EXPULSARÁ AL ALUMNADO CON MENOS PODER ADQUISITIVO
NO A LA DESREGULACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN EN LA CREACIÓN DE CENTROS Y UNIVERSIDADES
NO A UN SISTEMA QUE PERMITE UNA ACREDITACIÓN MENOS OBJETIVA Y SIN DEMOSTRAR EXPERIENCIA DOCENTE
POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD, CONSTRUIDA CON EL CONSENSO DE TODOS, AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y NO DE LOS MERCADOS
