- Impedirá la competencia desleal que algunas empresas aplican a la hora de “hacerse” con determinados centros, programas u hogares, y que iban a costa del salario de los trabajadores y trabajadoras.
- Posibilita la “subrogación” de los trabajadores y trabajadoras en caso de que un centro, hogar, programa o proyecto cambie de empresa (nadie perderá su puesto de trabajo).
- Articula la negociación colectiva, con lo que cuestiones como el salario, la jornada, o las licencias podrán ser mejorados en negociaciones autonómicas y de empresa.
- Se obligará a las administraciones autonómicas a que las consignaciones presupuestarias sean establecidas como mínimo conforme a lo que han de cobrar los profesionales de este sector.
