Como sabéis, las disposiciones aprobadas por el Gobierno están teniendo un impacto preocupante sobre la Administración Pública, y en concreto sobre la Universidad Pública. En lo que se refiere a Castilla y León, las actuaciones contra la Enseñanza Universitaria han desembocado en la creación de una Comisión para “analizar el mapa de titulaciones” en nuestra Comunidad.
CCOO denuncia la falta de transparencia con que se está realizando dicho análisis y, a tenor de la petición de la Junta de Castilla y León a las universidades públicas de cerrar una titulación el curso que viene, como muestra “de buena voluntad”, no parece que los criterios para la pretendida restructuración tengan nada que ver con parámetros de calidad sino con la paulatina eliminación de titulaciones ofertadas en la Universidad Pública.
Otro aspecto que corrobora esta idea está en el hecho de no haber sido convocadas a esta Comisión las universidades privadas de la Comunidad, a las que no sólo no se solicita el mismo gesto sino que se les autoriza a la apertura de nuevas titulaciones. Parece que no contentos con el aumento de las tasas universitarias, que perjudican de forma evidente a la Universidad Pública y a las familias con peor situación económica, se quiere también eliminar la competencia de titulaciones ofertadas por la Universidad Pública a favor de la Privada, abriendo espacios docentes para estas universidades privadas.
A nadie se le escapa el impacto que la línea que parece se mantiene desde la Junta tendrá, en primer lugar, sobre las plantillas de las universidades públicas, y en segundo lugar, sobre las garantías de acceso a la formación universitaria en nuestra Comunidad.
También os mostramos nuestra preocupación por la posición que se mantiene desde los equipos de gobierno de las universidades públicas, que, lejos de denunciar la situación, están siendo cómplices en la falta de transparencia del proceso y en la probable (en algunos caso, ya efectiva) eliminación de la oferta formativa universitaria pública en nuestra comunidad. Las declaraciones recogidas en diferentes medios de comunicación con respecto a los recortes de plantilla, de momento, mediante la no renovación de contratos, pero que introducen una gran incertidumbre en amplios sectores tanto del PDI como del PAS, corroboran la que será posiblemente una burda supresión de la oferta formativa universitaria pública.
Por ello, hemos puesto de manifiesto al Consejero de Educación de la Junta la necesidad de la presencia en dicha comisión de los representantes sociales, para garantizar la transparencia en el proceso, y nuestra preocupación sobre los criterios que se están empleando en la reestructuración del Mapa de Titulaciones de nuestra Comunidad, así como el impacto que sobre la Comunidad tendrá esa falta de calidad en la reestructuración que se está llevando a cabo.
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