El paso de la titularidad pública a la privada ha tenido una suerte de consecuencias negativas que afectan tanto a los equipos directivos, como a los trabajadores del servicio, a las familias y sus hijos y, en general, a la calidad del servicio.
La gestión la realizan los equipos directivos de los centros públicos, haciéndose cargo del pago de facturas desconociendo los conceptos por lo que han de abonarlas, de la petición y pago del material necesario para la cocina (espumaderas, bombonas de gas,…), de la tramitación de listado de comensales y reclamaciones, de la asunción del pago de impagados y de la resolución de conflictos como la disciplina en ese periodo.
Por otro lado, se privatiza al colectivo de trabajadores de la Junta de comedores escolares, lo que supone pérdida de empleo público por empleo privado, en menor cantidad y en condiciones precarias, lo que conlleva una mayor ratio trabajador-alumno y, por ende, una menor dedicación de estos trabajadores a los alumnos. No olvidemos que el tiempo de comedor es tiempo educativo.
La privatización supone además un empeoramiento en la calidad de las comidas. Así, podemos ver tortillas francesas “fabricadas” días antes de su consumo o lentejas en contacto directo con envases de poliespán. Antes, la comida era preparada “in situ” por cocineras profesionales; ahora, la mayoría, es precocinada. Si tan buena es la calidad, como dice la Consejería, proponemos que todas las comidas y cenas oficiales, protocolarias,…, de los altos cargos de la Junta e invitados sean servidas con el menú de dichos comedores, e incluyan, por ejemplo, esas tortillas francesas o esa comida en pioliespán.
Cuando la gestión de los comedores era pública, la compra de alimentos repercutía muchas veces directamente en beneficio de la localidad, del pequeño comerciante, del pequeño tendero. Ayudaba a mantener viva la economía de la misma. No ocurre así ahora, en unos momentos en que los cierres en el pequeño comercio se multiplican.
En resumen, la gestión privada de los comedores sólo tiene ventajas para las empresas privadas y desventajas para el resto, es decir, para la inmensa mayoría. El “interés general”, término paradójicamente muy utilizado por los políticos que defienden intereses privados de una ínfima minoría, obligaría a devolver la gestión este servicio a manos públicas.
