ICAL
Los grupos aprueban por unanimidad una propuesta del Grupo Socialista, enmendada por el PP, aunque PSOE y Mixto exigen que no se demore el pago.
La Junta de Castilla y León deberá iniciar un proceso de negociación con los representantes de los empleados públicos de la Comunidad para acordar el periodo de pago de una parte de la extra de diciembre de 2012 devengada y no percibida para cumplir con el Real Decreto-ley del Gobierno, según la proposición no de ley del Grupo Socialista, enmendada en esos términos por el PP, y aprobada por unanimidad de las Cortes.
El socialista José Francisco Martín defendió en su propuesta, que surge después de que un juzgado de Palencia diera la razón a tres trabajadores de Sacyl, “el abono inmediato” de esa parte de la extra, cuantificada en 40 millones por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ante las “sentencias en cascada” en contra de la Junta, que la llevarían a un pago de 13 millones por las costas. Martín afirmó que el presupuesto de 2014 no está aprobado y se pueden “mover partidas” como la de 70 millones a colegios privados.
Sin embargo, asumió la enmienda de sustitución del PP para que se produzca el pago de esa parte -corresponde al periodo trancurrido hasta la entrada en vigor de la normativa- y no repercuta en “alguien por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos”, al tiempo que exigió a la Junta que no demore, mediante el diálogo social, el abono de las cantidades y que exija a Rajoy la cantidad de “ese desaguisado”.
El portavoz popular de Hacienda, Salvador Cruz, argumentó que la Junta actuó desde la lealtad institucional igual que en mayo de 2010 cumplió con la reducción en un cinco por ciento del salario de los empleados públicos y que en el decreto del Gobierno se limita su aplicación a trabajadores con menores salarios y se compensa con planes de pensiones cuando haya crecimiento.
Cruz censuró que el Grupo Socialista no hablará de esas limitaciones en el decreto del Gobierno y recordó que la Junta cumple la legislación básica pero no ha unido más ajustes y mantiene la extra de los empleados públicos, algo que subrayó que no sucede en otras comunidades, entre las que citó Andalucía.
En esa línea, presentó una enmienda de sustitución, aceptada por el Grupo Socialista, en la que se insta a la Junta a iniciar un proceso de negociación con los representantes de los empleados públicos para acordar el periodo de abono de la parte de la paga extra extraordinaria de diciembre de 2012 para el conjunto de los empleados públicos de la Comunidad.
Martín rebatió que la Junta no haya realizado ajustes y subrayó el rechazo del PP en las Cortes a compensar a través de planes de pensiones autonómicos lo que hará el Gobierno para sus trabajadores cuando haya crecimiento. El socialista se mostró “enfadado y ofensivo”, como empleado público, por el reconocimiento de Cruz al sacrificio realizado por los funcionarios. “Fue un sacrificio impuesto, ninguno hubiera renunciado de forma voluntaria”, afirmó. “Pido que retire ese reconocimiento, es un acto de justicia”, añadió.
En nombre del Grupo Mixto, Alejandro Valderas (UPL) apoyó tanto el texto del Grupo Socialista como la enmienda del PP, que calificó de “razonable”, afirmó que los 40 millones para cubrir esa parte de la extra devengada puede salir de la partida de recursos judiciales o bien de las de “propaganda política”. Valderas se preguntó por qué la Junta acude ahora al dialogo con los sindicatos y no lo hizo antes, argumento al que respondió Martín al afirmar que lo hace “forzado” por sentencias en contra.
Los grupos aprueban por unanimidad una propuesta del Grupo Socialista, enmendada por el PP, aunque PSOE y Mixto exigen que no se demore el pago.
La Junta de Castilla y León deberá iniciar un proceso de negociación con los representantes de los empleados públicos de la Comunidad para acordar el periodo de pago de una parte de la extra de diciembre de 2012 devengada y no percibida para cumplir con el Real Decreto-ley del Gobierno, según la proposición no de ley del Grupo Socialista, enmendada en esos términos por el PP, y aprobada por unanimidad de las Cortes.
El socialista José Francisco Martín defendió en su propuesta, que surge después de que un juzgado de Palencia diera la razón a tres trabajadores de Sacyl, “el abono inmediato” de esa parte de la extra, cuantificada en 40 millones por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ante las “sentencias en cascada” en contra de la Junta, que la llevarían a un pago de 13 millones por las costas. Martín afirmó que el presupuesto de 2014 no está aprobado y se pueden “mover partidas” como la de 70 millones a colegios privados.
Sin embargo, asumió la enmienda de sustitución del PP para que se produzca el pago de esa parte -corresponde al periodo trancurrido hasta la entrada en vigor de la normativa- y no repercuta en “alguien por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos”, al tiempo que exigió a la Junta que no demore, mediante el diálogo social, el abono de las cantidades y que exija a Rajoy la cantidad de “ese desaguisado”.
El portavoz popular de Hacienda, Salvador Cruz, argumentó que la Junta actuó desde la lealtad institucional igual que en mayo de 2010 cumplió con la reducción en un cinco por ciento del salario de los empleados públicos y que en el decreto del Gobierno se limita su aplicación a trabajadores con menores salarios y se compensa con planes de pensiones cuando haya crecimiento.
Cruz censuró que el Grupo Socialista no hablará de esas limitaciones en el decreto del Gobierno y recordó que la Junta cumple la legislación básica pero no ha unido más ajustes y mantiene la extra de los empleados públicos, algo que subrayó que no sucede en otras comunidades, entre las que citó Andalucía.
En esa línea, presentó una enmienda de sustitución, aceptada por el Grupo Socialista, en la que se insta a la Junta a iniciar un proceso de negociación con los representantes de los empleados públicos para acordar el periodo de abono de la parte de la paga extra extraordinaria de diciembre de 2012 para el conjunto de los empleados públicos de la Comunidad.
Martín rebatió que la Junta no haya realizado ajustes y subrayó el rechazo del PP en las Cortes a compensar a través de planes de pensiones autonómicos lo que hará el Gobierno para sus trabajadores cuando haya crecimiento. El socialista se mostró “enfadado y ofensivo”, como empleado público, por el reconocimiento de Cruz al sacrificio realizado por los funcionarios. “Fue un sacrificio impuesto, ninguno hubiera renunciado de forma voluntaria”, afirmó. “Pido que retire ese reconocimiento, es un acto de justicia”, añadió.
En nombre del Grupo Mixto, Alejandro Valderas (UPL) apoyó tanto el texto del Grupo Socialista como la enmienda del PP, que calificó de “razonable”, afirmó que los 40 millones para cubrir esa parte de la extra devengada puede salir de la partida de recursos judiciales o bien de las de “propaganda política”. Valderas se preguntó por qué la Junta acude ahora al dialogo con los sindicatos y no lo hizo antes, argumento al que respondió Martín al afirmar que lo hace “forzado” por sentencias en contra.
