La Federación de Enseñanza de CCOO advierte de que, si las aportaciones de las comunidades autónomas no compensan la reducción del presupuesto estatal de las ayudas a la compra de libros de texto, parte del alumnado no podrá acceder al material didáctico que precisa.
El próximo curso 2014/2015, la LOMCE entrará en vigor en 1º, 3º y 5º de Primaria y 1º de Formación Profesional Básica, lo que obligará a los más de millón y medio de estudiantes de estos niveles a adquirir manuales adaptados a los nuevos decretos de enseñanzas mínimas. Esto, unido al recorte del 40% del programa de financiación de libros de texto y material escolar en la enseñanza obligatoria respecto al año anterior, puede provocar que una parte del alumnado no pueda acceder a los manuales necesarios para seguir las clases con normalidad. Si las comunidades autónomas no compensan la reducción del mermado presupuesto estatal, la imposibilidad de muchas familias para comprar el material básico socavaría el principio de igualdad de oportunidades que debe presidir el funcionamiento del sistema educativo.
La Federación de Enseñanza de CCOO defiende que no es un problema de prioridades de las familias, como afirma el ministro de Educación cuando se cuestionan los recortes en las ayudas sociales a la educación. Es un problema de derechos y, por tanto, es el titular de Educación quien debe tener como prioridad garantizar ese derecho.
Como denuncia un reciente informe del Defensor del Pueblo, el curso pasado ya se produjo una disminución muy significativa de receptores de las ayudas para la compra de libros de texto, que pasaron de tres a dos millones de alumnos y alumnas. Asimismo, hubo una reducción de las cuantías, tanto de las aportaciones del Estado como de las de las comunidades autónomas, cuya suma pasó de 250 millones a 166, un 35% menos que el año anterior. Precisamente cuando más urgente era que esas cantidades se incrementaran, dadas las necesidades de las familias por la crisis económica.
En los últimos años se ha intensificado la opción de préstamo y reutilización de libros de texto, con la creación de los llamados “bancos de libros” en los centros educativos. Esta fórmula ha venido a paliar la dejación institucional en su obligación de fomentar el acceso a la educación obligatoria mediante la dotación de materiales gratuitos, al menos, a los sectores sociales desfavorecidos. Una fórmula por la que parece optar el partido del gobierno, si tenemos en cuenta que, en el último momento de la tramitación parlamentaria de la LOMCE, añadió a esta ley una disposición adicional quinta que obliga al Ministerio de Educación a promover “el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para la educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos”.
Aun siendo esta una importante iniciativa, cuyos valores de fomento de la solidaridad y de un uso responsable de los materiales están fuera de toda duda, no deja de ser una opción complementaria a la que debería ser principal, la del esfuerzo del estado mediante el incremento de las becas y ayudas para que cada alumno y alumna tenga su propio libro de texto, para que pueda utilizarlo como un verdadero instrumento de trabajo que se subraya y anota. Además, las administraciones educativas no pueden hacer recaer, como lo están haciendo ahora, toda la actividad que la fórmula conlleva en el esfuerzo del profesorado y de las asociaciones de madres y padres.
