El Estado debe garantizar a las personas trabajadoras y al funcionariado jubilado una pensión suficiente, que preserve su poder adquisitivo durante toda la jubilación.
La eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones y del factor de sostenibilidad impuestos en 2013, sustituidos por un nuevo marco fruto del Acuerdo de Pensiones suscrito por CCOO y otros agentes sociales con el Gobierno y recogido en la Ley 21/2021, ha sido un paso adelante en los últimos años.
Y desde CCOO seguimos defendiendo, además, una jubilación específica para el personal docente: voluntaria, anticipada e incentivada, que reconozca las condiciones y exigencias propias de la profesión.
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