La comunidad universitaria también se enfrenta a otro "annus horribilis", agobiada por la caída de la inversión y el deterioro de la investigación, el incremento de las tasas, la disminución de becas y ayudas, y el endurecimiento de los requisitos para acceder a estas.
Alumnado y becas y ayudas
El incremento del precio de los estudios universitarios y la disminución del número de becas y su cuantía, así como el endurecimiento de los criterios para ser beneficiario de estas, han expulsado de las aulas de los campus públicos a más de 45.000 estudiantes durante los últimos años. Esta cifra podría crecer aún más si, como ha sugerido el Ministerio de Educación, se sustituyen ayudas por préstamos personales.
La disminución de estudiantes en las universidades públicas está acompañada de un aumento de alumnos y alumnas en las enseñanzas de máster de los campus privados, especialmente en la modalidad a distancia, por la menor diferencia de precios entre universidades públicas y privadas.
Al contrario de lo que mantiene el Ministerio, el cambio de tendencia en el acceso a los estudios superiores no se produce por el descenso de la población entre los 18 y 24 años de edad, puesto que, mientras esta se reduce desde el año 2008, el número de estudiantes matriculados aumenta hasta el curso 2011/2012. De hecho, a partir de 2012 la disminución del número de personas que integran este colectivo se ralentiza, lo que no impide que se produzca la situación inversa: se pasa de un periodo de reducción de la población de entre 18 y 24 años que coincide con un aumento de matriculaciones, a otro con una decrecimiento menos acentuado en el que, sin embargo, se reducen las matriculaciones.
Inversión
La inversión y los trabajadores de las universidades también han salido mal parados: la inversión máxima en educación superior, alcanzada en 2010, ascendió al 1,17% del PIB, por debajo de la media de la OCDE y la Unión Europea. De 2010 a 2013, la inversión pública en nuestras universidades se recortó en cerca de 1.400 millones de euros, un 13,7% del gasto público, y, previsiblemente, los datos de 2014, todavía no disponibles, continuarán por la senda del recorte.
PDI y PAS
Los recortes se han llevado por delante 8.124 empleos durante los dos últimos años (más de 5.500 docentes e investigadores (PDI) y cerca de 2.500 miembros del personal de administración y servicios (PAS)).
Reformas
Por otro lado, los textos que ultima el Ministerio de Educación podrían empeorar la ya maltrecha situación de la universidad. El borrador del Real Decreto relativo a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales plantea reducir la duración de los grados (3 años en lugar de 4), sin que Educación haya evaluado los que se implantaron en 2007 en el marco del Plan Bolonia. Este cambio iría acompañado de modificaciones en los másteres, que pasarían a ser obligatoriamente de dos años.
Si tenemos en cuenta los precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio, estas transformaciones reforzarían el sesgo clasista en el acceso a la educación superior y, a la postre, darían lugar a una reducción significativa del número de estudiantes matriculados en el sistema universitario español.
El Real Decreto que aborda el acceso a la profesión docente no solo no subsana los actuales problemas del sistema de acreditación sino que, además, es contrario a los principios recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 20.2, en relación a la evaluación del desempeño (transparencia, objetividad, imparcialidad, no discriminación). La propuesta ministerial es menos objetiva, transparente e imparcial que la actual y continúa minusvalorando la actividad docente.
Por último, el borrador de Real Decreto sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios suprime la necesidad de tener en cuenta la programación general de la educación superior vinculada a la población escolar y, aunque mantiene la obligatoriedad de impartir un mínimo de ocho títulos, elimina la exigencia de que haya al menos una titulación de ciencias experimentales o estudios técnicos. Esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 32, a pesar de que el Gobierno habla, insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
