EL PAIS.
La séptima ley escolar de la democracia, la LOMCE, se aprobará hoy, como ocurrió con las demás, sin consenso. De hecho, previsiblemente solo contará con los votos favorables del PP (como ya ha ocurrido durante los trámites previos del Congreso y el Senado). El ministro de Educación, José Ignacio Wert, cuyo segundo intento de reprobación se vota también hoy, ha insistido muchas veces en que, en democracia, la legitimidad la da el número de votos (el PP cuenta con mayoría sobrada en la cámara) y no el de grupos que apoyan. Sin embargo, desde la oposición (la mayor parte de la cual se ha comprometido a derogar la ley en cuanto tengan oportunidad) aseguran que esta ley “nace muerta”, en palabras del portavoz de educación del Grupo Socialista, Mario Bedera, pues existe un amplísimo acuerdo de partidos, asociaciones de padres, sindicatos y alumnos contra la reforma; pertenecen en muchos casos a sectores que no coinciden en su visión sobre lo que necesita la escuela para mejorar, pero todos están de acuerdo en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no es la receta.
Desde el ministerio, sin embargo, sí están convencidos de que la norma sienta las bases para un avance necesario: el modelo actual, aseguran una y otra vez, ha provocado unos resultados estables en su mediocridad en los exámenes internacionales y un abandono escolar que, a pesar de la mejora de los últimos años, sigue siendo del 24,9%, casi el doble de la media europea. Lo quieren hacer bajo algunos de los postulados clásicos de los populares: reválidas al final de la ESO y bachillerato; itinerarios distintos durante la etapa obligatoria (dura hasta los 16 años); vuelco en las materias “principales” —las académicas ‘duras’ de toda la vida, según algunos especialistas— cuyos contenidos controlará más el Estado; libertad de elección y de enseñanza (es decir, apoyo a la escuela concertada); y especialización de centros y autonomía (la idea es que eso les llevará a la competición y esta, a la mejora). A ello se unen otros puntos polémicos como que la Religión (que volverá a tener materia alternativa sobre valores) contará para la nota media y para conseguir becas; el respaldo legar a las subvenciones para los colegios que separan por sexo; y el blindaje de la enseñanza en castellano en Cataluña.
Pero, en el lado contrario, casi todos los demás consideran que la ley será la puntilla del sistema junto a un recorte de más de 6.400 millones de euros desde 2010. “Con una ley que mira al pasado, que no apuesta por una sociedad y una economía del conocimiento, no vamos a resolver los problemas educativos que tenemos planteados. Las altas tasas de abandono educativo temprano no van a mejorar con un modelo educativo que segrega tempranamente al alumnado y que establece un sistema de reválidas que impedirá titular a muchos. No se contribuirá al necesario reforzamiento de la Formación Profesional configurándola como un itinerario de menor valor que el académico”, resumía en un artículo en este diario el responsable de la Federación de Enseñanza de CC OO, Francisco García.
