Comisiones Obreras (CCOO), sindicato mayoritario en el sector estatal de la enseñanza, ha ganado una sentencia que reconoce el derecho a la revisión de las pruebas de oposición para el acceso a la función pública.
La sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares establece un precedente para la revisión presencial de las pruebas de oposiciones para el acceso a la Función Pública, fortaleciendo y protegiendo el derecho de opositores y opositoras a un trato más justo y en conformidad con sus derechos de ciudadanía respecto a dicho proceso. Además, obliga a la Administración a un ejercicio de transparencia que es fundamental en unas oposiciones donde cada año miles de personas se juegan su futuro profesional.
La demanda ganada por CCOO ha sido dictada por la Sala 1 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y afectará a todas las oposiciones de cualquier Administración pública.
La sentencia recoge importantes consideraciones, entre las cuales se refiere a que “la fundamentación de la demanda descansa en la consideración de que no ha habido una adecuada motivación de las resoluciones, pues, en realidad, no ha operado una revisión de los exámenes. En concreto, entiende que hay una infracción de los artículos 35.2 de la Ley 39/2015 y 55 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP)”.
Además, determina el derecho de la persona aspirante a que “se produzca la revisión de las pruebas (…) y casos prácticos, con conocimiento de las respuestas correctas y en presencia de la recurrente, así como la de conocer las calificaciones concretas de cada uno de los miembros del Tribunal”.
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO destacamos el gran valor de esta sentencia pionera que, aunque llega tarde, supone un paso más para mejorar la transparencia de todo el proceso de oposición. Un derecho que ya tenía reconocido el alumnado en el sistema educativo, pero que no estaba contemplado para los futuros y las futuras docentes.
No obstante, desde CCOO seguimos exigiendo unas condiciones en los procesos selectivos que permitan en la práctica el ejercicio de este derecho: la reducción de numero de personas opositoras por tribunal, unas condiciones adecuadas para quienes los integran y también para quienes se presentan al proceso, entre otras medidas que desde el sindicato se han planteado a las administraciones competentes.
