La JCyL ha convocado hoy el Consejo de la Función Pública para informar de la modificación del artículo 69 de la Ley 1/2012 de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de CyL. La reunión ha sido breve, dado que la reunión ha sido meramente informativa, y todo el banco sindical ha votado en contra de las medidas resultado de la aplicación del RDL 20/2012 de 13 de Julio.
CCOO mostramos nuestro rechazo a las mismas por ser lesivas para los trabajadores, porque no suponen ningún ahorro en el gasto, incumplen compromisos de negociaciones anteriores y tienen un claro componente político.
Desde el Área Pública de CCOO señalamos que el papel que nos asigna la Constitución y las leyes a los sindicatos no es el de ser meras comparsas de la convocatorias de la Junta, que antes de convocar el Consejo de Función Pública se debería haber negociado en Mesa General y que la Mesa del 25 de julio fue también una mesa informativa.
En el tema de la IT se profundiza en la desprotección de los empleados públicos más desfavorecidos o menos afortunados y se hace empeorando las condiciones habladas entre sindicatos y Junta, que debían conducir a una negociación sobre las enfermedades profesionales, dado que éstas están excluidas de la reducción de retribuciones por IT. Sin embargo, este tema ahora desaparece en la nueva redacción.
La supresión de días de libre disposición no es una medida que se justifique en la reducción del gasto público, pues generalmente estas plazas no son cubiertas por otras contrataciones y por tanto no dan lugar a gasto. Además estos días son un derecho conseguido en la negociación de las administraciones públicas en tiempos en los que se obtuvieron estos días como compensación por la congelación salarial y, por tanto, no son ni un regalo ni un privilegio.
En definitiva, a la vista de estos planteamientos, desde CCOO insistimos en que estas políticas no tienen un objetivo técnico de reducción del déficit sino que son de marcado carácter ideológico. Persiguen trasladar a la opinión pública una imagen de empleados públicos poco productivos para seguir dando vueltas de tuerca en la parte del gasto público en vez de en los ingresos. Pretenden criminalizar a los empleados públicos para justificar más recortes. En este sentido también es ideológica la reducción de más de 1.000 vacantes de docentes en la enseñanza pública, además de la no reposición de efectivos por jubilaciones.
Nota de prensa Proyecto de Decreto
