Ya no le tiene respeto ni al pilar básico y fundamental de nuestro Estado de Derecho: el poder judicial, y se permite el lujo de amenazar a las CCAA (como es el caso de Castilla y León) que, con toda la cordura y responsabilidad, han decidido que tienen que devolver la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 en cumplimiento de las ya muchas sentencias de los tribunales que así lo determinan. Es por ello que entienden que han de negociar con las/os representantes de las/os trabajadores la mejor fórmula para la devolución de esta parte.
Todas y cada una de las sentencias que reconocen el derecho a la parte devengada antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, determinan que éste no contempla norma alguna de retroacción sobre la parte de la paga extraordinaria que se haya devengado en el momento de su entrada en vigor, el 15 de julio de 2012. E igualmente, no consideran necesario plantear la cuestión de inconstitucionalidad sobre este particular.
La Junta de Castilla y León ha obrado de manera responsable al entender que tiene que devolver la parte devengada los 44 días previos al Real Decreto y, con toda la razón no está dispuesta a pagar, con dinero público, las costas e intereses de demora que una sentencia tras otra les imponen y les seguirán imponiendo.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León espera que el proceso de negociación previsto para mañana en la Mesa General de Empleadas/os Públicos no se vea empañado por las amenazas del gobierno central.
Tenía que hacérselo mirar el señor Beteta y dejar de “disparar con pólvora del rey”; una irresponsabilidad de tal calibre sólo se puede dar en este gobierno del PP que va a aprovechar hasta el último minuto para seguir aplastando a las/os trabajadores y luego, con toda la desfachatez del mundo, devolverles unas migajas e intentar “comprar” de nuevo votos para mantener su asiento.
