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Miércoles, 28 Octubre 2015 11:19

"Entre 2009 y 2014 el gasto público en España se ha recortado en 50.000 millones de euros"

Un estudio del Gabinete Económico de CCOO revela los efectos de unas políticas de austeridad con las que se pretenden cuadrar las cifras, ignorando las consecuencias sociales que comportan.

 

Un estudio del Gabinete Económico de CCOO revela que entre 2009 y 2014 el gasto público en España se ha recortado en 50.000 millones de euros, a partir de unas políticas de austeridad, basadas en cuadrar las cifras sin atender las consecuencias sociales que las mismas comportan.


En la introducción de este estudio, los responsables de Acción Sindical y de Protección Social y Políticas Públicas, de CCOO, Ramón Górriz y Carlos Bravo, advierten que "renunciar a 50.000 millones de euros en la financiación de servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales, entre ellos la atención a las personas dependientes, vivienda…) y en la inversión pública de infraestructuras físicas y sociales, conlleva necesariamente una pérdida de calidad y capacidad de prestación de servicios o mejora de aquellas".


CCOO precisa que, si a lo anterior le sumamos la irresponsable renuncia a ingresos fiscales que permitan paliar el déficit que padecemos en recursos públicos con los países de nuestro entorno, el panorama empeora. "Todo ello en el marco de consolidación fiscal comprometida con las instituciones internacionales, que debe llevar el déficit al 4,2% del PIB  este año y al 2,8% en 2016, una ecuación que a juicio de CCOO es insostenible".


En este sentido, Górriz y Bravo sostienen que el escenario de consolidación fiscal comprometido no se puede cumplir y debe ampliarse nuevamente; que la estructura fiscal del Estado es difícilmente compatible con las necesidades que tenemos y tendremos de manera creciente: gasto sanitario que ha de crecer, no decrecer, para afrontar las consecuencias del proceso de envejecimiento de la población; gasto educativo, en un escenario de fuerte aumento de la demanda de enseñanza pública; gasto de protección social en desempleo; rentas mínimas; servicios sociales; atención a la dependencia; pensiones; o inversión pública que contribuya a reactivar la economía y la reoriente hacia un modelo productivo de mayor calidad.

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