El tribunal obliga a reanudar la negociación del III Convenio Colectivo del PDI laboral con un calendario mínimo de seis meses y al menos una reunión mensual efectiva. La sentencia señala que las universidades no pueden escudarse en la falta de financiación autonómica cuando ni siquiera han solicitado formalmente las autorizaciones de gasto correspondientes.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León en su vertiente de negociación colectiva y ha condenado a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid a reanudar de forma real y efectiva la negociación del III Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI) contratado en régimen laboral.
La sentencia estima parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales presentada por CCOO el pasado mes de julio, ante el bloqueo de una negociación que afecta a unas 6.200 personas, entre personal docente e investigador e investigadores contratados.
El fallo obliga a las cuatro universidades a establecer un calendario de negociación de al menos seis meses, con una reunión mensual efectiva como mínimo. Además, deberán aprobar nuevos calendarios semestrales de forma sucesiva e ininterrumpida hasta que concluya la negociación o concurran causas legalmente justificadas que impidan su continuidad.
Una negociación bloqueada desde hace años
La negociación del III Convenio Colectivo comenzó en noviembre de 2017. Sin embargo, desde mayo de 2023 solo se había celebrado una reunión, el pasado 4 de febrero. En ella, CCOO junto al resto de sindicatos presentaron una propuesta retributiva para 2026, sin que desde entonces las universidades hayan vuelto a convocar la mesa negociadora ni hayan dado respuesta a la propuesta.
Ante esta situación, CCOO acudió al TSJ de Castilla y León para denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales y exigir que las universidades retomaran la negociación con un calendario de reuniones efectivo. El sindicato también solicitó que la Consejería de Industria, Universidades y Empleo de la Junta de Castilla y León participara en la mesa, aunque el tribunal ha desestimado esta pretensión y ha absuelto a la Consejería.
Las universidades no pueden justificar el bloqueo por la falta de financiación
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es el cuestionamiento de los argumentos utilizados por las universidades para justificar la paralización de las negociaciones. Según el tribunal, las instituciones académicas no han elaborado las memorias justificativas del incremento de los costes salariales ni han solicitado formalmente las autorizaciones de gasto de personal correspondientes.
Por ello, no pueden trasladar la responsabilidad a la Junta de Castilla y León alegando la falta de financiación autonómica cuando no han realizado los trámites necesarios para hacer posible la negociación.
La resolución recoge expresamente que el tribunal «no alcanza a entender que se invoque como causa de la ausencia de actividad negociadora la falta de unas autorizaciones que no constan haberse interesado en forma por las Universidades codemandadas».
La sentencia recuerda así la responsabilidad de las universidades en el desarrollo de la negociación colectiva, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la normativa presupuestaria autonómica y el reglamento de funcionamiento de la comisión negociadora.
CCOO exige la convocatoria inmediata de la mesa negociadora
Para CCOO, esta resolución supone un respaldo judicial a la defensa de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva, y deja claro que la falta de avances no puede prolongarse indefinidamente mediante argumentos que no se han acompañado de las actuaciones administrativas necesarias.
Las universidades deberán asumir su responsabilidad, negociar con las organizaciones sindicales las condiciones retributivas del PDI laboral para los próximos años y tramitar posteriormente las autorizaciones de gasto y las justificaciones exigidas legalmente.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León exige a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid que convoquen a la mayor brevedad la Mesa de Negociación del III Convenio Colectivo del PDI contratado en régimen laboral, para dar cumplimiento a la sentencia y reanudar de forma real y efectiva una negociación paralizada desde el pasado mes de febrero.
