El proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) supone un retroceso a un modelo escolar trasnochado, más propio de los últimos años del franquismo que del siglo XXI, que promueve la segregación social y niega el principio de igualdad de oportunidades en la enseñanza obligatoria. No es una reforma propiamente educativa sino ideológica, que pretende cambiar el actual paradigma pedagógico derivado del desarrollo normativo de la Constitución y lamina todos los avances logrados en los últimos treinta años en el ámbito educativo.
La incongruencia de la propuesta ministerial llega hasta tal punto que plantea que se pueda pasar del Bachillerato a la FP o viceversa, cuando esto resultará inviable porque las reválidas de la ESO son distintas para acceder a cada una de estas etapas.
Otra novedad del proyecto es que desaparecen los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que han demostrado ser muy útiles para reenganchar a los estudiantes que abandonaron tempranamente el sistema educativo y con una insuficiente cualificación académica y profesional. Estos van a ser sustituidos por Formación Profesional Básica que impedirá que los estudiantes obtengan el imprescindible titulo de Graduado en ESO.
Por fin el ministro se ha dado cuenta de que implantar una reválida al finalizar la Primaria con 11 años era una barbaridad y carecía de sentido. Sin embargo, mantiene las reválidas tanto al terminar la ESO como el bachillerato o la FP. Es un cinismo impresionante porque permitirá que los alumnos puedan presentarse a la reválida habiendo suspendido dos materias en 4º de la ESO, cuando el PP ha criticado hasta la saciedad que de Secundaria se pudiera pasar al Bachillerato con algunas materias suspensas.
En el Bachillerato se vuelve al modelo de la Ley Orgánica de la Calidad de Educación (LOCE) de hace diez años, propuesto por el Gobierno del PP y rechazada por la inmensa mayoria de la comunidad educativa. Además, al final de esta etapa los estudiantes deberán someterse a una reválida y, en el caso de que quieran acceder a la universidad, tendrán que pasar por otra prueba de acceso a ésta.
Consideramos inaceptable que, esgrimiendo el artículo 2 de la Convención de la Unesco de 1960, se permita prorrogar los conciertos a los centros que segregan al alumnado por sexo, a pesar de las recientes sentencias del Tribunal Supremo en sentido contrario. ¿Es que para este Gobierno no ha cambiado nada la sociedad y el mundo en los últimos cincuenta y dos años? No sabíamos que la Unesco ya contemplaba que los colegios sexistas españoles del siglo XXI serían concertados.
Recalcamos que la opinión pública debe saber que este proyecto de ley no ha sido debatido por la comunidad educativa ante la negativa del Ministerio a presentarlo en el órgano de participación democrática del sector, que es el Consejo Escolar del Estado. Ni que decir tiene que tampoco ha pasado por la Mesa sectorial de Educación, formada por los representantes legítimos del profesorado.
En este sentido, CCOO manifiesta que hay un ataque a la figura del docente y a las condiciones apropiadas en las que deben realizar su labor educativa y un desprecio absoluto a los derechos de los profesionales de la educación y a la labor que desarrolla. Por ello, recuerda al ministro, que cualquier proyecto de reforma debe someterse a un debate democrático serio y riguroso y que debe contar con la participación de los profesionales de la educación y de toda la comunidad educativa.
Borrador del anteproyecto
