Esta medida parece meramente el cambio de una cifra, un tecnicismo sin influencia en la vida diaria de la ciudadanía de nuestro País y de nuestra Comunidad.
"Sin embargo, es el más grave de todos los recortes porque va a suponer ahogar presupuestariamente al Estado del bienestar durante años, de tal forma que los servicios públicos básicos (sanidad, educación y servicios sociales públicos) se deteriorarán todavía más y se convertirán en algo muy diferente de lo que hemos conocido hasta ahora.
Esta decisión no tiene una justificación económica y es enormemente injusta. Mientras la Comisión Europea flexibiliza el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones, el Gobierno de Rajoy endurece el objetivo para las CCAA. Esto es, el dinero disponible para sanidad, educación y servicios sociales, que básicamente son los que configuran dichos presupuestos. Es simplemente la prueba definitiva de que quieren acabar con todo, con los principales derechos sociales y laborales que hemos logrado los ciudadanos y ciudadanas de este país durante décadas. Por ello, desde CCOO nos oponemos frontalmente a esta medida y pedimos su revocación inmediata. Es necesario cumplir el nuevo objetivo de déficit, pero nos negamos rotundamente a hacerlo mediante los brutales recortes de nuestros servicios públicos.
Desde CCOO, valoramos de manera enormemente positiva el valiente gesto de Castilla y León que, junto con Extremadura (donde gobierna en minoría), ha sido el primer Gobierno autonómico del PP en plantarse y expresar su rechazo a esta brutal medida. En la línea que hemos solicitado desde CCOO de Castilla y León en nuestra reciente propuesta para una política presupuestaria y económica alternativa. Este rechazo, plenamente justificado, supone un gesto de gran valor. Con él, la Junta de Castilla y León demuestra que hay alternativas y que no cabe resignarnos al "hacer lo que hay que hacer" y "las cosas como Dios manda" de las políticas de austeridad extrema, que manifiestan una total ceguera ante los efectos que están teniendo en la economía y el empleo de nuestro país, hundiéndolos cada vez más. Por vías alternativas a esa austeridad extrema e irracional, será posible entendernos y construir ese gran pacto social que necesita nuestra Comunidad para salir adelante. En cambio, por la vía empleada por el Gobierno de Rajoy, que está al servicio de los dictados del poder financiero internacional y la tecnocracia europea el entendimiento es imposible, porque nos arrastra a la prolongación sine die de la crisis y continuar en la destrucción de empleo.
Esta misma semana, la Comisión Europea acordaba modificar los plazos para el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de España, otorgandonos un año más de plazo. Así, el objetivo de déficit para 2012 ha pasado del 5,3% del PIB al 6,3% del PIB; en 2013, pasa del 3% al 4,5%; finalmente, en 2014 será del 2,8%. Era inevitable, porque los recortes y el incremento del fraude fiscal y de la economía sumergida estaban hundiendo la recaudación impositiva y hacían inviable el cumplimiento de los objetivos fijados inicialmente, cuando los impulsores de las políticas de austeridad extrema aún creían que estas nos permitirían una salida relativamente rápida de la crisis. En pago a esta flexibilización en los objetivos de déficit se nos imponen condiciones durísimas, que suponen una intervención de facto sobre las políticas económicas españolas, y que hundirán aún más la economía y el empleo de este país. Los recortes rozan el límite de lo soportable para la ciudadanía, si es que no lo han superado ya.
Pero cuando pensábamos que no nos quedaba nada por ver, el Consejo de Política Fiscal y Financiera desvela la más dura de todas las condiciones. Cabía esperar que, en un ejercicio de responsabilidad con la ciudadanía, el Gobierno dedicara una buena parte del margen ofrecido por la flexibilización de la senda de consolidación fiscal a relajar el objetivo de déficit de las Comunidades Autónomas. El presupuesto de éstas pivota, fundamentalmente, sobre los servicios básicos del Estado del bienestar: más del 90% del gasto que, en España, se dedica a sanidad y educación proviene de los presupuestos autonómicos. Por tanto, decidir en qué nivel de la administración y en qué cuantía se aplican los objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones no es sólo una cuestión territorial, como pretenden hacernos ver. Es, fundamentalmente, una cuestión de decidir en qué ámbitos se aplican los recortes. Es por ello que tanto desde el Gabinete Económico Confederal de CCOO como desde el Gabinete Técnico de la US de CCOO en Castilla y León, a través de nuestra reciente propuesta de política presupuestaria y económica alternativa para nuestra Comunidad, defendíamos y argumentábamos una flexibilización de los objetivos de déficit para las Comunidades Autónomas en 2013, pasando del 1,1% al 1,4% del PIB. Esto, en el caso de nuestra Comunidad supondría una inyección de más de 170 millones de euros al presupuesto público y, de esta forma, a los servicios públicos y al empleo.
Sin embargo, el Gobierno de Rajoy no sólo no plantea esto, sino lo contrario. En 2012, el objetivo de déficit de las CCAA se mantiene en el 1,5% del PIB. En 2013, se endurece aún más, pasando del 1,1% al 0,7%. Finalmente, en 2014 también ocurriría lo mismo, pasando del 1% al 0,1%. Es decir, la flexibilización otorgada a España no sólo no aliviará a los presupuestos autonómicos, sino que se les estrangula aún más y, en cambio, se dedicará a cubrir los gastos de otros niveles administrativos; en particular, del pago de los intereses de la deuda y del agujero en la Seguridad Social al que dará lugar la reducción de las cotizaciones sociales de las empresas. Este planteamiento es una barbaridad, destinada a ahogar la financiación de los servicios públicos del Estado del bienestar y que tendrá, en los años venideros, gravísimas repercusiones sobre la calidad e incluso la sostenibilidad de estos servicios. Concretamente, para el Presupuesto autonómico de Castilla y León, va a suponer un recorte adicional de unos 230 millones de euros en 2013 y de casi 515 millones de euros en 2014. Todo ello, además, en un contexto en el que continuarán deteriorándose los ingresos de las Comunidades Autónomas, con lo que serán necesarios recortes adicionales.
Esta medida es el ataque final, por si a alguien le quedaba alguna duda. Es el fin definitivo de los servicios públicos de calidad, del Estado del bienestar y del Estado autonómico, tal y como los hemos conocido hasta ahora. Desde CCOO no podemos permitir que esta medida, el más oculto y el peor de todos los duros recortes del gobierno, salga adelante. En la tarea de poner freno a esta deriva, pedimos a la Junta de Castilla y León que mantenga su rechazo. Si es así, tendrá todo nuestro apoyo para ello."
Gabinete Técnico de CCOO Castilla y León
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