La crisis económica está suponiendo todo tipo de recortes en los servicios públicos y, especialmente, en la educación. Los gobiernos, ajenos al sentir de la mayoría de la ciudadanía, no tienen otra voluntad que superar el déficit reduciendo la protección social y los derechos que tanto nos ha costado conseguir y que representan el progreso social.
Desde esa perspectiva, los gobiernos de algunas comunidades autónomas pretenden redoblar con desproporcionados recortes en la educación pública su política de siempre: el adelgazamiento del sistema público de enseñanza para incrementar la red de centros privados.
El objetivo es el deterioro progresivo del derecho fundamental a la educación que garantiza la Enseñanza pública, lo que tendrá como consecuencia la merma en la igualdad de oportunidades y el avance de las desigualdades en educación, favoreciendo la reproducción de la estratificación social y laboral y, junto a ello, el deterioro de las condiciones para que el profesorado pueda realizar con éxito su tarea educativa.
Así lo han entendido los profesores y profesoras y las comunidades educativas de Madrid, Galicia, Navarra y Castilla la Mancha, que están protagonizado importantes movilizaciones de rechazo de esas medidas y en defensa de la Enseñanza pública, la única que garantiza una función integradora e igualitaria
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