Esto tiene como consecuencia inmediata la disminución de estructura orgánica según la propuesta presentada por la Consejería. De no mejorar esta propuesta inicial repercutirá en la desestabilización del empleo así como en la disminución de plazas ofertadas a oposiciones.
Los actuales criterios están resultando obsoletos al tratarse casi exclusivamente de criterios cuantitativos. Así sucede con el criterio de población que ignora las grandes diferencias entre la zona rural y urbana, lo que hace que tengan similar consideración un CRA en cualquiera de nuestras sierras que un colegio de las mismas unidades en cualquier ciudad. Si solamente contamos alumnado crearemos una brecha cada vez más insalvable entre diferentes territorios de nuestra comunidad en lo que a oferta educativa y resultados se refiere y conviene recodar en los tiempos que corren que la educación es un derecho y, en consecuencia, no puede estar regida por criterios fundamentalmente economicistas.
La reducción de profesores, aún cuando se haya reducido el número de alumnos, no es una decisión que vaya a mejorar los resultados del sistema y la movilidad de plantillas por inestabilidad en el empleo, tampoco.
Esta situación se agravará por los recortes sobrevenidos después de diciembre. Queremos manifestar en relación con la negociación de plantillas que nuestro sindicato se siente comprometido con los acuerdos que firma y de manera muy especial con el Acuerdo de 19 de mayo de 2006, que ahora pretenden anular de un plumazo. La ampliación de jornada a los empleados públicos que a propuesta del gobierno Herrera se está viendo en las Cortes de Castilla y León, repercute de manera muy negativa en las plantillas óptimas. Por otra parte, también inciden en las plantillas la falta de desarrollo de otros acuerdos: jornada, reconocimiento de tutorías, revisión de los ROCs, reorganización de los EOEPs,….
Aunque podría haber cierto margen para el acuerdo en alguna de las plazas propuestas por la Administración, como ha ocurrido en años anteriores, sin embargo, las medidas adoptadas por el gobierno de Herrera en diciembre mediante la aplicación del artículo 38.10 del EBEP, para dejar sin efecto todos y cada uno de los acuerdos alcanzados con los sindicatos, son una agresión sin precedentes que vulnera frontalmente la negociación colectiva.
En este sentido, queremos hacer especial referencia al efecto que tendrá sobre el empleo la ampliación de jornada a 37 horas y media. Además con todo el Título IV de ese anteproyecto de Ley quieren perpetuar el recorte de derechos en relación con la jornada de los docentes de Castilla y León, y puede dejar en auténtico papel mojado cualquier acuerdo que se pudiera alcanzar en esta mesa.
Nuestro sindicato entiende que la situación ha cambiado de manera sustancial, lo que debería conllevar un cambio en los criterios como resultado de un nuevo acuerdo entre Administración y sindicatos para paliar las consecuencias negativas que las medidas enunciadas más arriba puedan tener sobre las plantillas.
En resumen, es necesario negociar unos criterios adecuados a la actual realidad poblacional que limen diferencias en lugar de crear brechas y que neutralicen los efectos negativos de la ampliación de jornada a la vez que garanticen una reconversión positiva de cupo en plantilla orgánica en todas las provincias de Castilla y León.
Carmen Palacios Gutiérrez
Secretaria de PNU
FECCOOCyL
Secretaria de PNU
FECCOOCyL

