La Formación Profesional Básica ha supuesto, al margen de otras consideraciones, una fórmula para legalizar la exclusión en el marco de la escolaridad obligatoria de nuestro sistema educativo.
El Real Decreto que regula la Formación Profesional Básica sigue sin dar solución a la transitoriedad entre los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y el nuevo título, por lo que existe un conflicto realmente grave en torno a la continuidad de la oferta existente, un riesgo que afecta a alumnos y a docentes y que puede suponer la pérdida irreparable de una parte fundamental de la oferta educativa que no tiene repuesto inmediato.
El conflicto en torno a la implantación también está en la cantidad de la oferta disponible. Seguirá dependiendo de las comunidades autónomas a las que la norma, como novedad, les ha conferido la facultad de poder establecer criterios de admisión adicionales: la edad, la situación de estudios y las posibilidades de continuación en el sistema educativo. Teniendo en cuanta que estos son factores que la propia LOMCE determina sustancialmente, habrá que esperar a que se instrumenten efectivamente en los procesos de admisión correspondientes para valorar si suponen un nuevo factor de discriminación.
