La reclasificación del personal laboral consiste en la adecuación de las titulaciones vigentes en el Estado, lo que llevaría unas retribuciones actualizadas, lo que repercute en mejores servicios públicos a la ciudadanía. Algo ya pactado y firmado pero que no se está llevando a cabo.
Los sindicatos firmantes del convenio denuncian que la Junta de Castilla y León no ha presentado ninguna propuesta en firme, a pesar de que el consejero portavoz haya declarado que se están acercando la postura entre el gobierno autonómico y la representación de las personas trabajadoras.
Después del intento de “chantaje” y presión que realizó el consejero de la Presidencia para que los sindicatos convocantes cancelaran la concentración realizada el pasado 12 de junio, CGT, CCOO y UGT vuelven a concentrarse ante la Consejería de la Presidencia para pedir, una vez más, que cumplan los acuerdos recogidos en el Convenio Colectivo, la reclasificación profesional que debería estar en vigor desde el 1 de enero de 2025.
CCOO, UGT y CGT muestran voluntad negociadora, solicitando de forma reiterada que se convoque la mesa de negociación con intención y voluntad de llegar a un acuerdo. Con esa intención, hace tiempo han presentado una propuesta basada en una clasificación en función del nivel de estudios exigido para cada una de las categorías y cumpliendo de esta forma una norma básica como es el Estatuto Básico del Empleado Público.
Por parte de la Junta de Castilla y León no ha habido respuesta, ni sobre la convocatoria de la mesa de negociación, ni sobre la propuesta sindical. Esta situación demuestra que, a pesar de las palabras del consejero Portavoz de la JCyL, no existe una voluntad clara por parte del consejero de la Presidencia de llegar a un acuerdo con el personal laboral y cumplir con lo acordado, dejando patente su falta de respeto hacia el personal laboral y demostrando un evidente desinterés por la mejora de la calidad en la prestación del servicio público
Las Centrales Sindicales UGT, CGT y CCOO ponen de manifiesto que no permitirán chantajes para que este incumplimiento quede en el olvido, porque el personal laboral de la Junta de Castilla y León merece el reconocimiento y el respeto a los acuerdos alcanzados.
