CCOO presentó, el pasado 14 de octubre, dos solicitudes de mediación-conciliación ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) con el objetivo de desbloquear la negociación de los dos convenios colectivos que afectan al Personal Docente e Investigador (PDI) contratado en régimen laboral y al Personal Técnico y de Administración y Gestión (PTGAS) de las universidades públicas de la Comunidad.
En el escrito, el sindicato solicita que sean convocadas las cuatro universidades públicas de Castilla y León — Burgos, León, Salamanca y Valladolid—, así como la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, para participar en los procesos de conciliación-mediación.
Las negociaciones de los respectivos convenios se encuentran bloqueadas desde el 22 de mayo de 2023 y el 13 de diciembre de 2022, fechas de las últimas reuniones de las comisiones negociadoras del PDI y el PTGAS, respectivamente. Desde entonces, no se ha vuelto a convocar ninguna nueva sesión, pese a las reiteradas peticiones de las organizaciones sindicales.
El artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores establece que, en caso de bloqueo en la negociación de un convenio colectivo, las partes deberán someterse a los procedimientos de mediación regulados en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, con el fin de solventar de manera efectiva las discrepancias existentes.
En este sentido, el “III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales y Determinados Aspectos de la Negociación Colectiva en Castilla y León” regula los conflictos colectivos asumidos por el SERLA y contempla expresamente que las discrepancias surgidas durante la negociación de un convenio colectivo que conlleven el bloqueo de las negociaciones pueden ser objeto de conciliación-mediación.
CCOO ha solicitado iniciar un proceso de mediación-conciliación en el que participen las cuatro universidades públicas de Castilla y León y la Consejería de Educación, dado que, según las propias universidades, el bloqueo se debe a la falta de financiación por parte de la Junta de Castilla y León para asumir cualquier incremento del gasto del Capítulo I de los presupuestos universitarios.
Además, el artículo 57.6 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establece que “los costes del personal docente e investigador, así como del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, deberán ser autorizados por la Comunidad Autónoma, en el marco de la normativa básica sobre Oferta de Empleo Público”. Por tanto, CCOO considera imprescindible la participación de la Consejería de Educación en este proceso de mediación, ya que su papel es determinante para alcanzar un acuerdo que permita avanzar en la mejora de las condiciones laborales del personal contratado de las universidades públicas de Castilla y León.
