El Área Pública de CCOO solicita a los grupos parlamentarios el apoyo al Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas y de complemento de insularidad en Illes Balears, que presumiblemente irá mañana al Pleno del Congreso de los Diputados para su convalidación.
Este Real Decreto-ley es fruto de meses de movilizaciones y negociación llevada a cabo por el sindicato y permitirá recuperar el derecho a la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas.
Este derecho que fue paralizado tras la publicación del RDL 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, al no contemplar la singularidad del sector público respecto al contrato de relevo indefinido, sin vulnerar los principios constitucionales del acceso al empleo público en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía.
“La jubilación parcial del personal laboral no es un privilegio. Es un derecho que permite una transición ordenada hacia la jubilación, facilita el relevo generacional, mejora la organización de los servicios públicos y responde a una demanda histórica de CCOO”.
El sindicato incide en que si el Real Decreto-ley decae en el Congreso, quienes pagarán las consecuencias serán las miles de empleadas y empleados públicos que verán frustrados, una vez más, la recuperación de un derecho largamente esperado. Personas que han planificado su jubilación, que esperan poder reducir su jornada, facilitando así un relevo generacional con nuevas incorporaciones.
CCOO, dentro de las medidas puestas en marcha para recuperar este derecho, junto a la puesta en marcha de la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario y estatutario igualmente en sede parlamentaria, ya hizo una ronda con algunos grupos parlamentarios, quienes sin excepción mostraron su apoyo a la medida.
Por ello, instan a los grupos a seguir demostrando este apoyo para que convaliden el Real Decreto-ley, desde la premisa de que recuperar y mejorar derechos de las empleadas y empleados públicos es reforzar los servicios públicos.
