CCOO reclama que las administraciones cumplan su obligación legal de financiar a sus universidades públicas y garantizar su suficiencia financiera

Las universidades públicas necesitan presupuestos adecuados, no préstamos ruinosos o planes de financiación que no garantizan su futuro.

La Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) establece en su artículo 55 que “las Administraciones Públicas dotarán a las universidades de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera que les permita dar cumplimiento a lo establecido en esta ley orgánica y asegurar la consecución de los objetivos en ella previstos”. Esta obligación legal no es solo un compromiso administrativo, sino una inversión esencial para el desarrollo social y económico a nivel nacional y autonómico.

Sin embargo, las administraciones llevan años sin cumplir con esta obligación. Tal y como se refleja en el estudio realizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades(MICIU)“Radiografía de la financiación de las universidades públicas en España” para el período 2009-2024, señala que:

• Los presupuestos generales de las comunidades autónomas (CC.AA.) se han incrementado un 56,2%, mientras que las transferencias corrientes a las universidades lo han hecho en un 21,78% de media.
• El incremento medio de las transferencias corrientes en los presupuestos generales de las CC.AA. es de un 3%. Esto supone un 0,49% sobre el PIB nacional.
• Las transferencias corrientes de las CC.AA. a las universidades públicas en este período se ha incrementado en un 21,78%, mientras que el IPC acumulado para ese período es del 29,18%, lo que supone una pérdida media por este concepto, sin contar la insuficiencia de las propias transferencias, de un 7,40%. Si consideremos el PIB autonómico, esta infrafinanciación se multiplica, en algunos casos, hasta por tres.

En este contexto, desde CCOO reclamamos:

• Garantizar que la financiación pública, en todas sus modalidades, solo se destine a las universidades públicas.
• Garantizar un sistema universitario que asegure una igualdad real de oportunidades y erradique la exclusión por razones socioeconómicas.
• La aplicación del criterio reflejado en la LOSU de destinar, al menos, el 1% del PIB de la CM a la financiación de sus universidades públicas.
• La incorporación de una cláusula de salvaguarda en cualquier acuerdo de financiación autonómico que garantice al menos el mantenimiento de las partidas de un ejercicio a otro, permitiendo las revisiones salariales, el crecimiento vegetativo de las plantillas y el cumplimiento de acuerdos, disposiciones legales y resoluciones judiciales.
• Para que puedan ofrecer un servicio público universitario de calidad, las universidades públicas tienen que contar con una financiación que cubra el 100% de sus necesidades básicas. Se debe asegurar que las transferencias presupuestarias cubran el 100% de los capítulos I (gastos de personal, incluyendo los gastos de los planes plurianuales de estabilización de las plantillas y aquellos que se deriven de los acuerdos de negociación colectiva), II (gastos corrientes en bienes y servicios) y VI (inversiones reales) de cada ejercicio presupuestario.
• Programas de inversiones plurianual como instrumento específico para financiar la dotación, el desarrollo, mejora y acondicionamiento de las infraestructuras y los equipamientos de las universidades públicas necesarios para la prestación del servicio público universitario.

Desde CCOO denunciamos que el cuestionamiento de la universidad pública se produce tanto por acción como por omisión:

• La acción de las CC.AA., cuya solución para resolver los problemas del sistema universitario es:

1. Cubrir el incumplimiento legal de financiar de manera suficiente a sus universidades públicas con préstamos ruinosos que ahondan en la asfixia económica de las universidades afectadas. Los ejemplos más claros son los de la Universidad de Málaga (48,5 millones de euros, a 21 años con un interés del 1%) y Complutense de Madrid (34,46 M de €, a un interés nominal del 2,80% a 5 años, lo que supone que la UCM tiene que pagar en concepto de intereses 4,34 M de €). Así “se apoya a la universidad pública” según algunas CC. AA.
2. Planes de financiación, como el recientemente firmado en la Comunidad de Madrid, que no garantiza el crecimiento y desarrollo de las universidades públicas, sino que consagra la situación de subsistencia presupuestaria, eso sí, obligando a las universidades públicas a incrementar de forma significativa la financiación privada para cuadrar cuentas y a reducir la inversión autonómica en ciencia, como si ciencia y universidad fueran compartimentos estancos.

• La omisión del MICIU, que no da continuidad al grupo de trabajo para concretar cómo llegar a financiar con el 1% del PIB a las universidades públicas. No puede entenderse que, en un contexto de cuestionamiento de la viabilidad del servicio público universitario, desde su constitución, el pasado 20 de noviembre de 2024, esta mesa sólo se haya reunido en dos ocasiones, siendo la última el pasado 24 de octubre de 2025. Resulta imprescindible un plan de financiación conjunto entre el MICIU y las CC.AA. que garantice la aplicación de este compromiso, pero no parece estar en sus prioridades.

El resultado es claro:

• Más del 50% de las universidades públicas españolas tienen serios problemas de financiación: o han recibido préstamos de sus CC.AA., o sus presupuestos están en déficit o sometidos a planes de ajustes presupuestarios o, en el mejor de los casos, logran a duras penas cerrar en equilibro sus cuentas a costa de deteriorar el servicio que se presta y las condiciones de trabajo de las plantillas universitarias.

- El balance de las cuentas del año 2024, último ejercicio disponible, reflejan una situación de emergencia presupuestaria para numerosas universidades públicas con un claro déficit entre los ingresos y gastos. Esta situación se da en varias CC.AA.: Madrid (con 4 de sus 6 universidades públicas:UCM, URJC, UAM y UAH), Extremadura y Andalucía (con 4 de las 9 universidades públicas: UCA, UGR, UJA, US), por señalar algunos ejemplos.

- La Universidad de A Coruña viene aplicando desde 2023 un plan de ajuste exigido por la Xunta de Galicia para compensar un déficit de más de 13 millones de euros.

- La Universidad del País Vasco lleva desde 2021 cerrando presupuestos con números rojos, en algunos casos hasta 20 millones de deuda. Sin embargo, esa deuda no se ha reflejado en la liquidación final de las cuentas ya que el gobierno vasco, hasta ahora, siempre les ha transferido una aportación extraordinaria para cubrir el agujero a finales de año.

- Para cuando llegue el balance de cuentas del año 2025, la previsión es que todas las universidades andaluzas se encuentren en situación de déficit, así como la práctica totalidad de las madrileñas.

• El presupuesto ordinario de buena parte de las universidades públicas resulta insuficiente para cubrir con garantías sus necesidades básicas de funcionamiento. El sistema público universitario español se encuentra en una situación de infrafinanciación estructural.
• Esta situación afecta a la realidad universitaria a todos los niveles: aumento de la carga docente, no cobertura de las plazas vacantes del PDI y PTGAS, paralización de la carrera y la progresión profesional de las plantillas universitarias, paralización de los planes de estabilización de las plantillas, se priorizan y posponen actuaciones relevantes, tanto en el ámbito de renovación y reparación de infraestructuras como en inversiones estratégicas vinculadas a nuevos proyectos, reducción de la financiación de los departamentos, de las becas y ayudas al alumnado, etc.
• Ninguna CC.AA. cumple con la obligación de destinar el 1% del PIB a sus universidades públicas. Si consideramos las dos CC.AA. con mayor número de universidades en situación de déficit, los datos son claros:

Evolución del PIB en €

• La política universitaria autonómica: infrafinanciación de la universidad pública y alfombra roja para las universidades privadas. Al tiempo que las CC.AA. en muchos casos financian a sus universidades públicas con unas cantidades que no suponen un incremento real de las cuantías, ya que no cubren el incremento del IPC, y ni siquiera llegan el incremento medio de sus presupuestos; vemos como año tras año se aprueban nuevas universidades privadas. Desde el año 2018 se han autorizado 9 nuevas universidades privadas y hay 22 proyectos en proceso de tramitación (ya sea de nuevas universidades o de implantación de centros adscritos en otra CC.AA. de universidades privadas ya existentes). La fórmula es sencilla:

1. Deterioro programado del servicio público vía infrafinanciación.
2. Esto impide que las universidades públicas puedan atender la demanda de nuevo alumnado, la implantación de nuevas titulaciones y mantener la calidad de su actividad ordinaria.
3. Esta demanda se redirige a la universidad privada para aquellas familias que puedan permitírselo.

La pregunta que debemos hacernos es si queremos una universidad pública fuerte o un sistema donde lo privado gane peso mientras lo público se debilita. Eso es lo que está en juego en estos momentos. Si no se garantiza una financiación suficiente, se obligará a las universidades públicas a buscar cada vez más financiación externa, que podrá condicionar u orientar la actividad pública universitaria hacia criterios de rentabilidad económica, haciendo de la educación superior en un espacio cada vez más condicionado por intereses privados. Y esto es el resultado de una estrategia política sostenida en el tiempo para convertir la universidad pública en objeto de negocio.

La universidad pública de calidad es un bien de todas y todos, que constituye una de las principales formas de contribución al progreso social, y la vamos a defender con todas nuestras fuerzas. Desde CCOO reclamamos una financiación realista que garantice un servicio público de calidad, sostenible y accesible al conjunto de la ciudadanía.