El sindicato CCOO ha reclamado a la Junta de Castilla y León que reponga el presupuesto para la parte autonómica de los programas Erasmus para estudiantes universitarios. Las ayudas, en el curso 2010-11, cuando se convocaron por última vez, sumaron algo más de 1 millón de euros, con subvenciones de 150 € por estudiante beneficiario y por cada uno de los siete u ocho meses que permanecen, de media, en el país y universidad de destino. Durante ese año hubo 2.500 beneficiarios. Con esta medida se pretende fomentar la movilidad exterior de los universitarios, cuyas familias cada vez tienen más dificultades para complementar una ayuda estatal que es claramente insuficiente para el mantenimiento de los estudiantes.
Además de pedirlo por carta al Consejero y al director general de Universidades de la Junta de Castilla y León, el sindicato Comisiones Obreras está llevando esta petición a los Consejos Sociales de las cuatro Universidades públicas de Castilla y León. La primera solicitud se registró en la Universidad de Valladolid, el pasado 14 de noviembre.
Para apoyar esta solicitud la secretaría de Empleo y Formación señala el agravio comparativo que supone la pérdida de la ayuda autonómica para los estudiantes de Castilla y León en relación con los de la mayoría de Autonomías que sí reciben este complemento autonómico. Tan solo hay 5 Comunidad Autónomas que han suprimido el programa Erasmus, que son Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias.
El sindicato CCOO de Castilla y León va mas allá señalando que, junto a las enseñanzas universitarias, el Programa Erasmus debería estar dotado en su parte autonómica tanto para las Enseñanzas Artísticas, que ya tuvieron esa dotación en el pasado, como para las de Formación Profesional, aún peor dotadas y donde la movilidad es todavía muy escasa, a pesar de la importancia que pueden tener esas estancias para el desarrollo formativo y profesional del alumnado.
El sindicato ha recordado al Gobierno Regional que la Ley 3/2003 de Universidades de Castilla y León, llama expresamente a la Administración Autonómica a fomentar la movilidad de los estudiantes en el espacio europeo de enseñanza superior, a través de programas propios de becas y ayudas y créditos al estudio o, en su caso, complementando los programas de becas y ayudas de la Unión Europea.
