El problema es que el sindicato no puede presentar el recurso de inconstitucionalidad que está reservado al ámbito político o a la Defensora del Pueblo a quien ya se ha dirigido la Federación de Enseñanza de CCOO. La petición está hecha también en las Cortes Generales con el visto bueno inicial del Grupo Parlamentario Socialista. Sin embargo, el sindicato quiere llevar esta ofensiva también a los parlamentos regionales porque entiende que se han invadido sus competencias. Concretamente los artículos 148, 149 y 150 de la nueva norma establecen un currículo tan estricto en lo referente a las asignaturas que anula la capacidad normativa de cada Comunidad Autónoma que solo podrá complementar o aumentar el horario de las asignaturas denominadas troncales. La presunta inconstitucionalidad va más allá en la invasión de las competencias propias de Castilla y León al regular la formación del profesorado y del equipo directivo de los centros.
Hay más violaciones, según CCOO, de la norma básica. Por ejemplo la posibilidad de establecer conciertos educativos con centros que segregan por sexo, algo contrario al artículo 14 de la Constitución que habla sobre igualdad y no discriminación. Los conciertos que ahora están anulados por sentencia o por decisión administrativa se tendrán que “dar por admitidos” ha recordado Elena Fernández, quien ha denunciado la “inseguridad jurídica” que permite la nueva Ley. También parece inconstitucional el trato que la LOMCE da a la asignatura de religión, que en primaria obliga a los alumnos a elegir entre religión y valores sociales y civiles y en secundaria, entre religión y valores éticos. Esto impedirá que los alumnos de religión puedan formarse en otros valores que deberían ser más importantes. En bachiller, por el contrario, los alumnos solo podrán optar por religión, sin que haya ninguna asignatura sustitutoria.
Además la llamada Ley Wert da al traste con los principios de “mérito, capacidad y publicidad” en el acceso al empleo público al permitir contratar “expertos con dominio de lenguas extranjeras” sin que medien las pruebas habituales, algo contrario al artículo 23 de la Constitución. En materia de empleo, la LOMCE también complica la carrera profesional del personal docente que puede ver cómo se promociona a determinados profesores tan solo por su cercanía a la dirección de los centros, ya que, de ahora en adelante, se podrán conformar equipos para favorecer “acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros”. En opinión de CCOO serán criterios arbitrarios los que sustituirán a la negociación colectiva y a la libertad sindical consignadas en los artículos 37.1 y 28.1 de la Carta Magna.
Al margen de que no puedan ser tachadas de inconstitucionales hay otras medidas de la Ley que no son, en absoluto, del agrado de la Comunidad Escolar, como la pérdida de funciones de los Consejos Escolares, por la preeminencia que se da en la Ley a las direcciones, algo que reducirá considerablemente la democracia de los centros educativos. También hay críticas sobre la competencia obligada que enfrentará unos colegios públicos con otros y que determinará incluso su nivel de financiación. Y sobre todo, se critica muy duramente la forma de elaborar esta norma, sin negociación, sin contar con nadie, sin escuchar a la sociedad que es parte fundamental en la educación.
Hoy mismo los responsables de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León han presentado su escrito a la Mesa de las Cortes de Castilla y León para que debatan en sede parlamentaria la presentación del recurso de inconstitucionalidad. Hasta el 10 de marzo hay plazo para presentarlo y CCOO espera que el recurso de Castilla y León se una a otros presentados por otras Comunidad Autónomas donde el sindicato también está pidiendo apoyo para parar la LOMCE.
Además la llamada Ley Wert da al traste con los principios de “mérito, capacidad y publicidad” en el acceso al empleo público al permitir contratar “expertos con dominio de lenguas extranjeras” sin que medien las pruebas habituales, algo contrario al artículo 23 de la Constitución. En materia de empleo, la LOMCE también complica la carrera profesional del personal docente que puede ver cómo se promociona a determinados profesores tan solo por su cercanía a la dirección de los centros, ya que, de ahora en adelante, se podrán conformar equipos para favorecer “acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros”. En opinión de CCOO serán criterios arbitrarios los que sustituirán a la negociación colectiva y a la libertad sindical consignadas en los artículos 37.1 y 28.1 de la Carta Magna.
Al margen de que no puedan ser tachadas de inconstitucionales hay otras medidas de la Ley que no son, en absoluto, del agrado de la Comunidad Escolar, como la pérdida de funciones de los Consejos Escolares, por la preeminencia que se da en la Ley a las direcciones, algo que reducirá considerablemente la democracia de los centros educativos. También hay críticas sobre la competencia obligada que enfrentará unos colegios públicos con otros y que determinará incluso su nivel de financiación. Y sobre todo, se critica muy duramente la forma de elaborar esta norma, sin negociación, sin contar con nadie, sin escuchar a la sociedad que es parte fundamental en la educación.
Hoy mismo los responsables de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León han presentado su escrito a la Mesa de las Cortes de Castilla y León para que debatan en sede parlamentaria la presentación del recurso de inconstitucionalidad. Hasta el 10 de marzo hay plazo para presentarlo y CCOO espera que el recurso de Castilla y León se una a otros presentados por otras Comunidad Autónomas donde el sindicato también está pidiendo apoyo para parar la LOMCE.
