El TSJCyL reconoce el derecho del personal docente e investigador con contrato temporal a cobrar los mismos complementos autonómicos que el personal fijo, con efectos retroactivos
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dado la razón a la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León en una demanda de conflicto colectivo que denuncia la discriminación salarial del personal docente e investigador (PDI) con contrato temporal en las universidades públicas de la comunidad. La sentencia reconoce el derecho de este colectivo a percibir los complementos retributivos autonómicos en igualdad de condiciones que el personal fijo.
El fallo obliga a las universidades a aplicar el artículo 47.1 del convenio colectivo vigente y a abonar las cantidades correspondientes con carácter retroactivo de hasta un año antes de la presentación de la demanda. De este modo, la resolución corrige una diferencia retributiva que afectaba a quienes desempeñaban las mismas funciones en condiciones laborales distintas.
La decisión judicial supone un nuevo respaldo a las reivindicaciones de CCOO, que acumula siete sentencias favorables frente a las universidades públicas de Castilla y León en relación con los derechos del PDI temporal. El tribunal concluye que no existía justificación para excluir a este colectivo de los complementos, rechazando los argumentos basados en limitaciones presupuestarias.
Antes de recurrir a la vía judicial, la Federación de Enseñanza de CCOO activó distintos mecanismos de negociación. En enero de 2025 llevó el asunto a la Comisión Paritaria del convenio colectivo y, posteriormente, en marzo, promovió un procedimiento de mediación ante el SERLA. En ambos casos, las universidades mantuvieron su negativa a reconocer este derecho.
La sentencia establece que las restricciones económicas no pueden amparar un trato desigual entre personas trabajadoras que realizan las mismas funciones, reforzando el principio de igualdad retributiva en el ámbito universitario.
CCOO insta ahora a las universidades afectadas a cumplir la resolución judicial, evitar su recurso ante el Tribunal Supremo y proceder al pago de los complementos reconocidos una vez la sentencia sea firme. El sindicato ha anunciado que realizará un seguimiento del cumplimiento y que adoptará las medidas necesarias en caso de incumplimiento.
