CCOO logra que la Junta limite hasta el 31 de diciembre de 2013 el horario de 37,5 horas semanales

El sindicato CCOO firmará con la Junta de Castilla y León y con otros sindicatos presentes en la Mesa de la Función Pública un acuerdo por el cual la jornada de 37,5 horas semanales en la Administración acabará el 31 de diciembre de 2013.

Además se ha logrado que el horario flexible se amplíe desde las 7,30 horas a las 19,00 horas y que haya excepciones a la medida de no pagar el 100% del salario a los empleados públicos con bajas superiores a los cuatro meses. La mesa de empleados públicos ha debatido la propuesta presentada el pasado viernes por CCOO que ha servido para lograr este acuerdo.

Las Cortes de Castilla y León tendrán que debatir ahora enmiendas a la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras para adecuarla al nuevo acuerdo. En la nueva Ley figurará la fecha del 31 de diciembre de 2013 como límite para la jornada laboral ampliada. Esta era una reivindicación de Comisiones Obreras que siempre ha considerado que debía constar la temporalidad de esta medida. Además nuestro sindicato proponía ampliar el horario en el que se podían hacer las dos horas y media de más para lograr la mayor conciliación de la vida laboral y familiar. Tras el acuerdo la Ley contemplará que el horario flexible se desarrolla desde las 7,30 horas a las 19,00. La Ley también consagrará que hay excepciones a la norma de no pagar el 100% del salario durante las bajas superiores a los cuatro meses. Esta norma era considerada por CCOO muy perjudicial para los trabajadores públicos que tienen la mala fortuna de contraer una enfermedad grave. Ahora esas dolencias que precisan de bajas largas constituirán la excepción a la norma, aunque el catálogo completo de estas excepciones habrá que negociarlo y consignarlo en el reglamento que tendrá que concretar la Ley.

El futuro reglamento establecerá también otros puntos del acuerdo como la posibilidad de que personas con cargas familiares tengan posibilidad de iniciar su jornada obligatoria a las 10 de la mañana o la reversión a las 35 horas en el caso de que alguna medida del Gobierno central o regional suponga en el futuro un nuevo perjuicio para los empleados públicos o que el PIB regional crezca por encima del 2,5%.