La Federación de Enseñanza de CCOO CyL (FECCOOCyL) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la Consejería de Educación, en respuesta a la Resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructuras de 28 de noviembre de 2025, por la que se autorizó para el curso 2025/2026 el funcionamiento de unidades mixtas, aulas que agrupan alumnado de diferentes tramos de edad, en centros completos de primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).
La normativa vigente es clara al respecto, se establecen que únicamente los centros incompletos, situados en localidades de menos de 3.000 habitantes o en zonas con características sociodemográficas excepcionales, pueden contar con unidades mixtas. En los centros completos, cada aula debe atender a un tramo de edad diferenciado. Sin embargo, la resolución impugnada autoriza esta fórmula en centros ubicados en municipios como Burgos, Valladolid, Salamanca, León, Palencia, Aranda de Duero o Arroyo de la Encomienda, entre muchos otros, donde no concurren en absoluto las circunstancias excepcionales exigidas reglamentariamente.
En 2026 el sindicato presentó un recurso de alzada, solicitando la nulidad de dichas autorizaciones, denunciando que la Consejería estaba excediendo sus competencias al modificar por la vía de una resolución administrativa lo que solo puede alterarse mediante decreto. La respuesta de la Administración llegó el 30 de marzo de 2026: la consejera de Educación, Rocío Lucas Navas, inadmitió el recurso alegando que CCOO carecía de legitimación activa para impugnar el acto.
CCOO rechaza de plano esa argumentación. La autorización de unidades mixtas en centros completos afecta directamente a las condiciones de trabajo de las profesionales del sector, que se ven obligadas a atender simultáneamente a bebés y niños y niñas de hasta tres años con necesidades y ritmos completamente distintos, con la sobrecarga laboral que eso conlleva. Además, la legitimación sindical para defender estos intereses colectivos está reconocida en el artículo 7 de la Constitución Española y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y no puede ser cercenada mediante una interpretación restrictiva y arbitraria por parte de la Administración.
El sindicato defiende con convicción, que todas las familias de Castilla y León tengan acceso a una plaza de educación infantil de calidad para sus hijos e hijas. “El problema no es ampliar la oferta; el problema es cómo se hace. Meter más niños y niñas en aulas mezclando edades en centros que no están previstos para ello no es ampliar el servicio, es degradarlo. Es una solución que antepone el ahorro económico a las necesidades reales del alumnado y a los derechos de las trabajadoras que los atienden. Si la Junta quiere dar respuesta a la demanda de plazas, el camino es crear las unidades necesarias con las condiciones adecuadas, no retorcer la normativa para esconder recortes bajo una apariencia de flexibilidad” explica Iván Pastrián.
Agotada la vía administrativa, CCOO ha acudido a los tribunales para que se declare la nulidad de las autorizaciones de unidades mixtas en centros completos y se retrotraigan las actuaciones a fin de que la distribución de unidades escolares se ajuste a la legalidad. El sindicato seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para garantizar que la planificación de las escuelas infantiles de Castilla y León proteja tanto la calidad de la atención a la infancia como los derechos laborales de quienes trabajan en el sector.
