CCOO exige que la reforma del Sistema Universitario se haga con el más amplio espíritu de acuerdo y consenso.

Los cambios que proponen los expertos en su informe son una apuesta ideológica para alterar el modelo de universidad pública
La Federación de Enseñanza de CCOO exige que la reforma se haga con el más amplio espíritu de acuerdo y consenso
19 de febrero de 2013

La Federación de Enseñanza de CCOO considera que los cambios que sugiere la Comisión de Expertos encargada de elaborar el documento “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”, no son fruto de una evaluación rigurosa del sistema y de los resultados de la última reforma sino de una apuesta ideológica por un cambio de modelo de las universidades públicas españolas.
Para el sindicato es imprescindible que si se aborda esta reforma, se haga con el más amplio espíritu de acuerdo y consenso. Por ello lamenta que la comisión no escuchase a los legítimos representantes de los trabajadoras y trabajadoras de las universidades.
Asimismo, pide que la comunidad universitaria, como primera interesada en tener un mejor sistema de universidades, participe en la discusión de las reformas que este informe u otros recomiendan, sobre todo si se tiene en cuenta que las principales reformas que se proponen pueden afectar significativamente al personal de las universidades públicas, que parecen ser los culpables fundamentales de su mal funcionamiento.
El sindicato está de acuerdo con la Comisión de Expertos en la necesidad de que haya un marco estable que permita planificar y desarrollar la actividad universitaria a largo plazo. Por ello no comparte la necesidad de modificar en profundidad nuevamente el sistema universitario, ya que la última reforma se aprobó en 2007 y no se ha terminado de implementar. Tampoco comparte muchos de los argumentos de la mayoría de los expertos para cambiarlo.
Es preciso recordar que el documento con las propuestas fue difundido el pasado día 15 a través de la página web del Ministerio de Educación y que se estructura en los siguientes apartados: selección del personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas; evaluación de la calidad de las universidades: excelencia y competitividad; el gobierno de las universidades; financiación de las universidades y estudios y títulos universitarios
Según consta en el preambulo del informe, la comisión confía en que las reformas que se proponen alcancen un amplio apoyo político y social, de forma que las universidades puedan contar con un marco estable para planificar y desarrollar su actividad a largo plazo.
En consonancia con ese deseo, la comisión, antes de la redacción final del documento, escuchó la opinión de la Junta Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), del Presidente y miembros de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas (CCSUPE), del Vicepresidente y otros representantes de la Conferencia de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y de los miembros de las Comisiones de Educación del Congreso de los Diputados y del Senado.
Resulta sorprendente que se afirme en el informe que "... es indudable que las universidades no preparan a los jóvenes suficientemente para encontrar un trabajo adecuado al título que reciben." y a la vez que respecto "...a la calidad de la formación que proporciona el SUE, las pruebas no son tan concluyentes, dado que las compaciones internacionales son más difíciles de realizar." Parece que los autores están convencidos, aunque no tengan pruebas concluyentes, de que la insufiente calidad de la formación que proporciona el SUE es más relevante para las elevadas tasas de subempleo y de desempleo entre nuestros titulados que el agotado modelo productivo que hemos sufrido en nuestro país desde el famoso "que inventen ellos".
En cuanto a las propuestas que más se concretan, la de modificación de la selección del personal docente e investigador (PDI) nos parece, como a los autores del voto particular, una vuelta al viejo y superado sistema de habilitaciones nacionales, exigiendo al profesorado no permanente de la universidad una desvinculación de la misma de al menos 36 meses.
No creemos que el modelo que se propone tenga un efecto positivo sobre los “supuestos problemas” que parece generar el "modelo de acreditación actual". Los problemas de renovación de plantillas tienen más que ver con los agresivos recortes de los últimos tiempos y con las nefastas políticas de ajustes de personal que limitan la incorporación de nuevo personal en las universidades que con el sistema de acreditación.
Tampoco compartimos, como los firmantes de la adenda al informe, la propuesta para otorgar a la Administración pública universitaria la capacidad para contratar de forma directa a un colectivo significativo de profesores -llegando incluso a determinar ad personam condiciones del contrato como las relativas a las funciones a desarrollar, el salario a percibir, las obligaciones docentes y/o investigadoras o de cualquier otra clase a realizar - vulnerando la normativa laboral básica e ignorando el derecho a la negociación colectiva.
Igualmente es injusta la sospecha que se hace reacer sobre la selección y eficacia del personal de administación y servicios (PAS) y del personal técnico de apoyo de las universidades.
En cambio, compartimos la necesidad de reforzar la independencia, neutralidad y transparencia de la actuación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de modificar su baremo.
Discrepamos de las propuestas para mejorar el gobierno de las universidades porque suponen una clara agresión a la autonomía universitaria y no garantizan el objetivo que persiguen. Como señalan los autores del voto particular, la composición del Consejo de la Universidad que se propone y el procedimiento para la elección del rector designado directamente por el citado consejo, no encajan en la Constitución al atentar contra la autonomía universitaria. Nos preocupa que se politice el órgano de dirección de la universidad y que la participación de las empresas en ésta pueda mercantilizarla todavía más.
Asimismo, rechazamos el excesivo poder que se otorga al Rector, que tendría la capacidad de nombrar decanos y directores de centro, en detrimento de los órganos colegiados y de la participación democrática de la comunidad universitaria en la elección de sus órganos de gobierno.
Es también muy discutible la apuesta por reducir la oferta de titulaciones fundamentalmente de las universidades públicas sin esperar a la evaluación que ha de realizarse en los próximos años. Tampoco podemos compartir la supuesta necesidad de reducir el número de universidades, su reorganización o fraccionamiento, ni la posible eliminación o fusión de facultades y departamentos en función aspectos económicos exclusivamente, como se desprende del documento.
Por último, denunciamos que, reconociendo la insuficiencia del número de becas y ayudas al estudio y la cuantía de las mismas, la Comisión de expertos proponga que las universidades tengan amplios márgenes para fijar sus propias tasas por matrícula, una vez que se garantice un sistema de becas y prestamos adecuado en dotación y número.
Aunque se propone aumentar la inversión pública, parece que son conscientes de la falta de voluntad política para ello, como demuestran los hechos. De ahí que en el informe se apueste por becas-prestamos para grados y postgrados, con el consiguiente endeudamiento de las familias y de los estudiantes.


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