CCOO exige la gratuidad del comedor escolar para quienes no puedan pagarlo

En 2008 se dictó la normativa de comedores escolares. (DECRETO 20/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el servicio público de comedor escolar en la Comunidad de Castilla y León y ORDEN EDU/693/2008, de 29 de abril). En ella se establecían ayudas de comedor que iban de la gratuidad total al 75% del precio del servicio, todo ello en función de los ingresos familiares. Allí se preveía también que si las familias no podían hacer frente al coste que les hubiese correspondido (por que hubiese cambiado su situación económica a causa del desempleo, por ejemplo) se les cancelaría la ayuda y se les denegaría el uso del servicio de comedor los nueve meses lectivos siguientes.

En los dos últimos años, la crisis económica ha aumentado el número de personas desempleadas de forma alarmante, lo que ha agravado situaciones de pobreza pre-existentes. Según el informe Inclusión Social en España de La Caixa, en 2008 un 26,2% de la población menor de 15 años de Castilla y León vivía en la pobreza, mientras que según el estudio de Cáritas “Primer impacto de la crisis en la cohesión social de España” los niveles de exclusión han aumentado un 13,5% desde 2008.

Como medida para hacer frente a dicha situación, en CCOO hemos planteado a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que se contemple la posibilidad de solicitar la ayuda de comedor en cualquier momento del curso, así como de la gratuidad del servicio, en el caso de cambio en la situación económica familiar y no sólo, como ahora, en caso de fallecimiento de los padres.

Por otra parte, en CCOO seguimos valorando como negativa la privatización de la gestión del servicio de comedor, ya que la búsqueda del beneficio económico ha llevado a imponer una tarifa excesiva a los usuarios (diferente además según las provincias), a recortar la calidad del servicio y las condiciones laborales de los trabajadores.
La utilización de criterios mercantiles para tratar los casos de impago nos reafirma aún más en dicha convicción, ya que la gestión pública permitía al Consejo escolar favorecer medidas que no fueran dejar a un niño o niña sin el servicio de comedor, con los efectos de exclusión y desestructuración social que traen consigo medidas de ese tipo. Esto ya no sucede ahora.